Subcontratación, sector privado, gobierno y trabajadores: una agenda común

Por Elena Achar

Uno de los problemas más graves que enfrentan los gobiernos de todos los países, sus economías y la sociedad en su conjunto es la falta de oportunidades para los jóvenes. Durante muchos años bastaba con entrar a la universidad para garantizar un buen empleo, seguridad social y, en fin, una vida digna. Pero ahora, debido a los altos niveles de competencia, a que las empresas requieren cada vez a gente con conocimientos más especializados y a las nuevas tecnologías que han llegado a sustituir tareas, el panorama es extremadamente desalentador para las nuevas generaciones.

Por este motivo, es urgente que el sector privado colabore de cerca con instituciones educativas y, sobre todo, con los gobiernos, que se encuentran rebasados. Sólo así será posible que los recién egresados se incorporen al mercado laboral, tengan una vida plena y ayuden a darle a la economía la sinergia que requiere para que todos salgamos adelante.

El caso de México ayuda a definir con suma claridad la crisis que atravesamos, que es verdaderamente preocupante. Algunos datos servirán para ilustrar lo que digo. Año con año cumplen edad de trabajar cerca de 1.2 millones de personas. Sin embargo, desde el 2013, únicamente se crean en promedio 670,000 puestos de empleo formales. El déficit anual es aproximadamente de 500,000 personas; ninguna de ellas contará con seguridad social. Muy probablemente vivirán en la ilegalidad.

Por si fuera poco, en el 2019, la creación nacional de empleos fue de menos de 350,000, la cifra más baja desde la crisis económica que en el 2008 y el 2009 sacudió al mundo entero. Lo anterior ayuda a explicar que en nuestro país casi 65% de la población económicamente activa, 37 millones de personas, labore en la informalidad. Por su parte, 65% de los trabajadores en México no recibirá ningún tipo de capacitación laboral jamás. ¿Cómo podrán estas personas mantenerse actualizadas y ser parte del desarrollo, cuando, de acuerdo con estudios de la consultora internacional Gartner, 80% de la población no cuenta con las habilidades que requiere para su vida laboral futura y cuando 70% de los trabajadores no dominan plenamente las habilidades que la revolución digital les exige? ¿Cómo podemos solucionar este problema?

La respuesta está en la colaboración estratégica entre académicos, el sector privado y el gobierno. El mejor ejemplo de lo anterior es Business for Inclusive Growth (Negocio para un Crecimiento Inclusivo), donde actualmente tengo el honor de participar, que es una plataforma de la OCDE cuyo fin es promover intensivamente el trabajo conjunto entre empresarios y gobiernos, y generar de esa manera un crecimiento inclusivo, es decir, aquel que permite que todas y todos se beneficien del desarrollo económico. Esto último ha sido muy difícil de conseguir en las últimas décadas, ya que los cambios tecnológicos y los modelos de la globalización han obstaculizado que la gente encuentre fuentes de remuneración dignas.

Con el propósito de resolver tal conflicto, la OCDE y más de 41 empresas trasnacionales han instrumentado los siguientes cuatro grupos de trabajo: a) derechos humanos, b) lugares de trabajo inclusivo, c) fomento inclusivo de ecosistemas empresariales y grupos de alto valor, y d) medición de los impactos de crecimiento inclusivo en el desempeño empresarial. Se trata de articular esfuerzos para salir adelante.

Cabe señalar que la OCDE ha reiterado en distintos informes que los retos laborales a los que nos enfrentamos están en gran medida determinados por el alto grado de competencias y habilidades que ahora requieren las empresas, por la llegada de tecnologías digitales más avanzadas, por la falta de capacitación y porque las empresas requieren servicios de recursos humanos altamente especializados, diseñados para encontrar y preparar al personal ideal.

En mi opinión, por su naturaleza, uno de los modelos que más puede facilitar a los gobiernos la tarea de crear empleos es el de la subcontratación o, para decirlo de otra manera, el de empresas profesionales que se dediquen a administrar el talento humano. Por medio de sistemas focalizados, las subcontratadoras pueden realizar un mapeo de las necesidades de las empresas, conseguir a personal, capacitarlo y darle seguimiento para que encuentren un trabajo. El propósito real de quienes se dedican a la tercerización es fomentar el empleo digno.

Si la OCDE ha dedicado tantos esfuerzos para unir las labores de los sectores público y privado y de académicos, ésta es la vía adecuada para hacer frente a los enormes retos laborales —y por lo tanto sociales— del siglo XXI. Debe celebrarse que, en nuestro país, donde más de 8 millones de connacionales son subcontratados, el gobierno federal y el Poder Legislativo estén intentando trabajar de la mano con el sector privado para fomentar la subcontratación responsable y legal. Cuanto más estrechos sean los vínculos entre los distintos actores y más se respeten los acuerdos conjuntos, mejores resultados daremos en cuanto a creación de empleos y crecimiento económico se refiere. Así, la subcontratación puede ayudar al gobierno a tender los puentes entre los trabajadores talentosos y las empresas.

Fuente: El Economista / Elena Achar

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