Prohibición de outsourcing ahuyentará inversión extranjera: Newmark

Newmark, la empresa de asesoría inmobiliaria, advierte que la iniciativa de ley para prohibir el outsourcing entrará en franca oposición al T-MEC, ya que provocará que México enfrente procesos y paneles que representarán un alto costo por las compensaciones a pagar, también que debido a esto los proyectos de inversión saldrían o no llegarían, o bien se vendrían abajo.

La iniciativa de ley para regular la subcontratación de personal, servicios y obras especializadas, así como agencias de colocación traerá más perjuicios que beneficios en la industria manufacturera mexicana, afirma Sergio Pérez, director ejecutivo de Servicios Corporativos Globales LATAM de Newmark y Samuel Campos, director ejecutivo para la región Bajío de Newmark.

Los términos y mecanismos en la materia contenidos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México establecen que no se harán cambios a la legislación laboral en México que afecten la operación de empresas de los Estados miembros de América del Norte, afirman los directivos de la empresa.

“El outsourcing es utilizado para casi 25 millones de trabajadores en Estados Unidos y Canadá, por lo que un cambio que implique restricción al modelo reduciría el atractivo de México”, agrega Sergio Pérez.

“En la industria manufacturera y el comercio, la tercerización está estrechamente vinculada a las cadenas productivas internacionales, sobre todo en América del Norte, y de acuerdo a talento humano”, señala el director ejecutivo de Servicios Corporativos Globales de Newmark.

El directivo de Newmark manifiesta que la industria manufacturera y el comercio al por menor son los que presentan el mayor número de personal en la modalidad de subcontratación con poco más de un millón de personas. Le siguen en menor magnitud las actividades vinculadas al turismo como los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 434,566 personas.

Según datos del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2019, a nivel nacional se contaba con 4,800,157 establecimientos formales e informales, donde laboraban 27,132,927 personas.

De este total (formales e informales), 4,685,356 (17.3% del total) es personal no dependiente de la razón social, es decir, bajo la modalidad de outsourcing. Asimismo, del total del personal ocupado formal a nivel nacional (22,015,605), los empleados formales bajo outsourcing representan el 21.3%.

El outsourcing creció 14.3% entre 2004 y 2009, periodo en el que no se encontraba formalmente regulado y en 5.5% a partir del 2009 y hasta el 2019, donde ya se contempla su operación bajo la ley del IMSS.

El personal por outsourcing creció en su participación del total del personal remunerado pasando de 13.6% en 2009 a 17.3% en 2019.  Del número de personal ocupado bajo outsourcing (4,685,356 personas), 98.4% corresponde a personal subcontratado de manera formal (4,609,302 personas) y el restante 1.6% a subcontratación informal.

Agrega que la iniciativa de Ley sobre el outsourcing se contrapone con las tendencias mundiales en la materia.

De acuerdo a un análisis elaborado por la división de Servicios Corporativos Globales de Newmark, denominado Capital 5.0, mientras la economía continúa ajustándose a los rápidos cambios ocasionados por la presente coyuntura sanitaria, los próximos 18 meses serán clave para determinar qué cantidad de empleos se recuperarán y qué otros se perderán.

La transición de un modelo de subcontratación de personal no calificado a un modelo de tercerización de personal calificado (outsourcing) se dará con rapidez. Actualmente el 5% de los trabajos de oficina calificados, como contadores, analistas financieros, asesores legales y empleados administrativos, están siendo contratados como proveedores independientes.

La iniciativa de ley para regular la subcontratación de personal, servicios y obras especializadas, así como agencias de colocación traerá como efectos:

  • Reducción del personal ocupado formal, con la consecuente disminución de prestaciones para los trabajadores.
  • Reducción en deducciones de impuestos para empresas, con una mayor carga impositiva que reduce la competitividad y eficiencia de las empresas.
  • Menor tasa de crecimiento en el empleo, con la consecuente pérdida de derrama económica en el país y el crecimiento en la pobreza.
  • Potencial pérdida de competitividad vis a vis socios comerciales, con la consecuente salida de proyectos establecidos en el país o la negativa de los nuevos proyectos para instalarse en México.
  • Dificultad para empresas en cuanto a flexibilidad, lo cual limita la capacidad de crecimiento de las empresas y la facilidad de competir en los mercados internacionales.

Fuente: Forbes / Enrique Hernández

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