Outsourcing Estrategia gubernamental no debe ser persecutoria

La estrategia federal para combatir la subcontratación ilegal no debe convertirse en una persecución, demandó Elias Micha, director general de TallentiaMX, asociación que impulsa este esquema laboral en el país, quien aseguró estar totalmente de acuerdo en que se castigue a todas las empresas que incurran en temas de ilegalidad.

“Ya se dijo que se perseguirá el outsourcing ilegal como delincuencia organizada, y a los patrones que contraten empleados mediante esa modalidad se les aplicará la ley de seguridad nacional, con lo que, en ambos casos, podrían ser sancionados con más de 15 años de prisión, y estamos totalmente de acuerdo”.

Sin embargo, consideró que se está “satanizando a la industria” porque la evasión fiscal y el subregistro de trabajadores, ya sea porque las compañías afilian sólo a una parte mínima de los contratados, o porque los dan de alta con un salario de cotización de apenas uno o dos mínimos, ocultando las remuneraciones reales, no es exclusiva de la subcontratación.

“Me atrevo a decir que la evasión fiscal y el subregistro de trabajadores ocurre con mucha más frecuencia en el esquema ordinario de contratación, no es un tema exclusivo del outsourcing, pues hay patrones dentro del esquema de trabajo ordinario que subregistran y evaden al fisco”.

En entrevista destacó a Excélsior que el grupo interdisciplinario creado por el gobierno federal para combatir el outsourcing ilegal en realidad debe inspeccionar el universo total de las empresas para detectar a las que llevan a cabo estos delitos.

“Se debe revisar a todas las empresas para verdaderamente erradicar la evasión fiscal y el subregistro de trabajadores”, sentenció.

A principios de enero, el gobierno federal anunció que, para combatir el outsourcing ilegal, se llevarán a cabo inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), revisiones fiscales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la aplicación de varias medidas financieras por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): además, se dará apoyo a la regularización de los patrones reales y de sus trabajadores por parte del IMSS, también del Infonavit y del SAT.

Además, el gobierno informó que identificó un grupo de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, donde se emplean a 860 mil trabajadores, principalmente en los sectores hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos.

“Las empresas de outsourcing que trabajamos conforme a la ley no tenemos nada que temer, estamos abiertos a las inspecciones, siempre y cuando no se conviertan en una persecución”, apuntó.

Confió en que la condena de hasta 20 años de prisión para quienes proporcionen el servicio de outsourcing ilegal y de 14 años para quienes lo contraten contribuya a erradicar las malas prácticas.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el régimen de subcontratación es aquél por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

La legislación establece que esta figura no puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo, además deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Fuente: Excélsior / Karla Ponce
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