Las dos pandemias: violencia contra las mujeres en México en el contexto del COVID-19

La violencia contra las mujeres en México ya era un tema público preocupante antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de que se han implementado muchas políticas para prevenir y abordar este problema en las últimas décadas, la violencia contra la mujer no sólo perdura, sino que en algunos casos ha aumentado. En el contexto de la pandemia, han aumentado los asesinatos selectivos de mujeres y niñas y las llamadas por violencia familiar a servicios de emergencia especializados, y también han surgido nuevos contextos de violencia que afectan a las mujeres de manera diferente y desproporcionada.

Durante la emergencia sanitaria COVID-19 en México se ha producido un aumento notable de asesinatos de mujeres, llamadas a líneas de ayuda de emergencia, así como en investigaciones penales por violencia familiar. En lo que respecta a la violencia letal contra las mujeres, el número total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó que 11.2 mujeres fueron asesinadas por día en promedio. Además, de marzo de 2020 a abril de 2020, los asesinatos de mujeres aumentaron un 2% mientras que los asesinatos de hombres disminuyeron un 0.2%. En abril de 2020, hubo un promedio de 143 llamadas de emergencia por hora relacionadas con casos de violencia sexual o familiar contra las mujeres.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a prevenir y abordar la violencia contra las mujeres han alertado a las autoridades sobre este aumento y lo han documentado. La Red Nacional de Refugios (RNR) documentó un aumento en la prestación de servicios de atención, apoyo y orientación entre marzo y mayo de 2020, período en el que asistió a un total de 12,710 mujeres y niños a través de mensajes de divulgación y llamadas de emergencia, así como facilitando espacios de prevención y protección. Finalmente, los registros de marzo de 2020 representan el mayor incremento en la tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que dicho delito comenzó a registrarse a nivel nacional en 2015.

Las políticas públicas y las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres en México han sido insuficientes, tanto antes como durante la pandemia de COVID-19. Desde la perspectiva del acceso a la justicia, y luego de analizar los servicios que ofrecen los Poderes Judiciales locales, se puede concluir que existe una grave falta de coordinación institucional entre actores, lo que ha dificultado el acceso a la justicia de las mujeres durante la emergencia de salud. La información sobre los servicios judiciales también ha carecido de accesibilidad y claridad. La sociedad civil organizada y los movimientos feministas han venido atendiendo las necesidades, problemas y demandas de las mujeres que sufrieron violencia durante la pandemia, ya que diversas acciones y decisiones gubernamentales, de hecho, han obstaculizado la prevención de la violencia en lugar de atenderla.

También, la introducción de medidas de austeridad presupuestaria desprovistas de perspectiva de género y / o derechos humanos ha despojado a los refugios de recursos cruciales para ayudar a las víctimas de la violencia. Los recortes presupuestarios han tenido otros efectos negativos en los programas que ayudan a los grupos vulnerables, ya que los programas gubernamentales dirigidos específicamente a las mujeres están siendo despriorizados sobre otros, algunos incluso incompatibles con los derechos de las mujeres. Lo anterior, sumado a las fallas acumuladas de políticas públicas, resalta la falta de estrategias gubernamentales que puedan contribuir efectivamente a eliminar la violencia contra las mujeres en México, no solo durante la pandemia sino antes de ella.

Si bien la violencia familiar contra las mujeres ha empeorado durante la pandemia y continúa siendo un problema grave en México, también es cierto que existen otros contextos y tipos de violencia emergentes que también están afectando la integridad y los derechos de las mujeres y niñas. La introducción de medidas legales penales extremas y excesivas por parte del Gobierno durante la pandemia de COVID-19, ha resultado en un número creciente de arrestos y encarcelamientos, en la militarización de la seguridad pública y el empeoramiento de las condiciones carcelarias para las mujeres privadas de libertad y con ya acceso limitado a la justicia. Todo lo cual ha elevado el riesgo, ya alto, de que las mujeres sufran violencia en el país.

Finalmente, ha habido una grave falta de información pública y transparente que permita a los actores de la gobernanza evaluar el impacto que el cierre y otras medidas tomadas en este contexto de crisis han tenido sobre la violencia contra las mujeres. El ejercicio de la transparencia y el acceso público a la información, a su vez, ha sido restringido por las medidas sanitarias implementadas en las dependencias gubernamentales. Uno de los temas clave en este sentido, transversal a la información pública generada por el Estado mexicano, es la ausencia de interseccionalidad en la forma en que se genera y presenta la información. Como resultado, las OSC no pueden hacer un análisis oficial y diferenciado de cómo la violencia durante la pandemia ha afectado a las mujeres de manera diferente.

En otros casos, la información pública sobre algunas formas de violencia contra la mujer no está fácilmente disponible, sino que existe un desfase entre el momento en que se denuncian ciertos hechos o se inician las investigaciones y el momento en que es posible acceder a esa información. Si esto no cambia, la información detallada, por ejemplo, sobre los asesinatos de mujeres que tienen lugar durante los encierros de COVID-19 no estará disponible públicamente hasta 18 meses después de que se informa por primera vez. Este rezago limita la posibilidad de tomar acciones de política pública informadas y oportunas. Por último, la calidad y formato de la información no permite un análisis completo de la violencia, además de que se excluyen datos fundamentales de la información que se publica.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres no se ha detenido. Al contrario, ha aumentado. Sin embargo, las medidas, estrategias, políticas públicas y autoridades del Estado mexicano no han cumplido con su mandato.

Austeridad presupuestaria

El 23 de abril de 2020, el Diario Oficial de la Federación emitió un decreto por el que se introducirían medidas de austeridad (Decreto por el que son importantes las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). Se trataba de una orden ejecutiva que establecía medidas de austeridad para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El contenido del acuerdo fue básicamente un recorte presupuestario radical del 75% en “líneas de servicios generales, materiales y de suministro”, con las únicas excepciones a este recorte presupuestario de 38 programas prioritarios enumerados en el Acuerdo.

Sin embargo, ninguno de los programas presupuestarios de atención a la prevención de la violencia contra las mujeres se incluyó en las excepciones, el único apartado en el que se podrían mencionar es en el apartado “Defensa de los Derechos Humanos” y este es el último de la lista de 38 programas que no forman parte de los recortes presupuestarios. Las autoridades no han informado si la sección de derechos humanos de la orden ejecutiva incluye efectivamente programas para prevenir y atender la violencia contra la mujer en más de un mes después de su publicación.

El 30 de marzo, el Gobierno Federal categorizó los albergues y Centros de Atención para mujeres víctimas de violencia como actividades esenciales, pero esta categoría contradice la orden de medidas de austeridad del 23 de abril. Ni los albergues ni los Centros de Atención Externa pueden funcionar sin recursos presupuestarios a pesar de ser considerados actividades imprescindibles. Es preocupante que a pesar de las recientes reuniones que se están llevando a cabo entre autoridades, no ha habido un comunicado oficial de información sobre afectaciones a la segunda administración de albergues y centros de atención externa.

Las medidas consideradas como programas prioritarios en la fracción V de la citada orden ejecutiva deben ser gestionadas con perspectiva de género.

Esto significa que los programas deben incluir en su ejecución una perspectiva diferenciada sobre afectaciones a hombres y mujeres durante la emergencia de salud. Es inaceptable presentar soluciones genéricas al empeoramiento de las condiciones de violencia y desigualdad en medio de una pandemia. El Estado mexicano y todas sus instituciones dentro de las 32 entidades federativas deben implementar medidas urgentes para abordar el aumento de la violencia durante el encierro del COVID-19. Deben mitigar los impactos de la pandemia en la vida, dignidad y seguridad integral de las mujeres en México. Es decir, deben garantizar el acceso a la salud, la protección, la educación y el apoyo económico y habitacional como parte del pleno ejercicio de los derechos.

También es necesario que el Gobierno Federal, las 32 entidades federativas y el Congreso de la Unión respeten y garanticen el artículo 58 de la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Fiscal, que señala que: “está prohibido reducir el financiamiento para programas e inversiones presupuestarias con el objetivo de reducir la desigualdad entre mujeres y hombres”, salvo cláusulas establecidas en esta ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. Es deber de los diputados y diputados velar por la permanencia de los recursos del Presupuesto de Egresos Federales 2020 dirigidos a la atención a las mujeres y la prevención y violencia contra ellas. Es responsabilidad del Estado comprometer recursos fundamentales para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia contra la mujer. Por eso es importante priorizar los derechos humanos de todas las mujeres y garantizar que ninguna política de austeridad interfiera con tales derechos.

Fuente: Organización Equis

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