La informalidad laboral en México, un problema que persiste con los años

La informalidad en México se ha mantenido estable en los últimos años: aproximadamente la mitad de la fuerza laboral del país se encuentra empleada en el sector informal.

En promedio, en los últimos 15 años, la tasa de informalidad (TIL1) registró un nivel de 58.2%. El nivel más alto se dio en el 4to trimestre de 2009, con 60% de la población ocupada total.

Por el contrario, la tasa observada en el 1er trimestre de 2020 de 56.1% de informalidad laboral es la más baja desde el 2005, año en el que se inició la encuesta. El reto de la formalidad laboral ha persistido a lo largo de los años.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calcula la población con empleo informal a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En los primeros tres meses del año, la TIL1 se ubicó en 56.1%; esto quiere decir que más de la mitad de la población ocupada total (aquella que cuenta con un trabajo o un vínculo laboral) no contó con una relación con su fuente de trabajo reconocida ante la ley o se encontró empleada en un negocio informal, una disminución de apenas 0.1 punto porcentual respecto al trimestre inmediato anterior.

A través de su #SemáforoEconómicoEstatal, la organización México, ¿cómo vamos? da seguimiento a este indicador a través de la tasa de informalidad TIL2 del INEGI. A diferencia de la TIL1, esta se refiere a la proporción de la población ocupada no agropecuaria. La informalidad laboral a nivel estatal registró un nivel mayor al nacional en 15 entidades de la República durante el primer trimestre del año según datos del INEGI.

¿Cómo están los estados?

En el periodo, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo fueron los estados que registraron las mayores tasas de informalidad TIL2, con el 73.1%, 71.7% y 70.3% de su población ocupada no agropecuaria en el sector informal o sin ningún tipo de vínculo laboral ante la ley respectivamente.

Por otro lado, en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se observaron las menores tasas de informalidad con 32.1%, 33.5% y 35.9% respectivamente. A pesar de las disparidades entre los estados, a nivel nacional la mitad de la población ocupada no agropecuaria se encuentra en la informalidad laboral (TIL2) (52.0%).

Además, en abril, se observó una tasa de informalidad laboral (TIL1) de 47.1%, tasa menor en 8 puntos porcentuales a la registrada en marzo.  Esta caída en la tasa de informalidad se debió a que de marzo a abril la población con ocupación informal cayó de 31 a 20.7 millones de personas. Esta reducción de 10.4 millones de personas con ocupación informal reflejó la suspensión temporal de actividades y la espera que se tenía para retomarlas.

La disminución en la ocupación informal fue mayor a la reducción observada en la ocupación formal ya que ésta pasó de 24.7 millones de personas en marzo a 22.6 millones en abril.

Con el segundo levantamiento de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) en mayo se registró un aumento de 4.1 puntos porcentuales en la tasa de informalidad laboral (TIL1) respecto al mes previo para situarse en 51.8%.

En el segundo mes de confinamiento, se observó un aumento de aproximadamente 300 mil personas en la población ocupada. Por su parte, la tasa de desocupación cayó de 4.7% en abril a 4.2% en mayo. Sin embargo, el incremento en la población ocupada se debió a una mayor prevalencia de la informalidad: en mayo, la cantidad de personas en estas condiciones de trabajo aumentó en 1.9 millones, mientras que la población con trabajo formal disminuyó en 1.6 millones.

La propuesta de reforma al sistema de pensiones en México presentada recientemente por el presidente de la República añade una dimensión de complejidad al problema de informalidad en el país, pues, aunque busca incrementar la cobertura y el monto de las pensiones otorgadas en el país, el aumento progresivo a las aportaciones patronales encarecería la incorporación al mercado laboral formal.

Esto, a su vez, podría desincentivar a las empresas a otorgar un vínculo reconocido por la ley a sus trabajadores, hecho que resultaría perjudicial para la fuerza laboral, al implicar una pérdida del derecho a las prestaciones que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrecen y, al mismo tiempo, una reducción en el acceso a una pensión que asegure un retiro digno, efecto totalmente contraproducente a los objetivos de la reforma.

Fuente: Animal Político

Deja un comentario