Gobierno federal paga 5 mil mdp por subcontratación laboral

El Ejecutivo Federal dijo que enviaría una iniciativa para eliminar el outsourcing, o subcontratación, en México.

En el senado ya trabajaban en una iniciativa para la regulación del outsourcing, misma que fue discutida con el sector empresarial durante un parlamento abierto.

La medida afectaría al propio gobierno

De acuerdo con diversos especialistas, eliminar el outsourcing podría dañar las finanzas de las dependencias que han aprovechado la subcontratación desde hace décadas.

En entrevista con Reforma, Fernando Yllanes, consejero de la Organización Internacional de Empleadores, explicó algunos casos en los que el Estado ha aprovechado esta práctica.

Según el especialista, la gran mayoría de operaciones de la CFE, Pemex y Caminos y Puentes Federales se realizan a través de outsourcing. Algo similar sucede con el IMSS. De acuerdo con Yllanes, desde hace años hay un debate interno porque subcontratar estudios clínicos es mucho más barato que hacerlos ellos mismos.

Además, puede que el gobierno se vea más afectado por la eliminación del outsourcing. Esto se debe a que tienen contratos colectivos de trabajo con salarios y prestaciones mucho más altos que la mayoría de las empresas privadas.

Outsourcing en el propio gobierno

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno Federal ha asignado a empresas de outsourcing más de 50 contratos entre 2019 y 2020, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.

El año pasado, el valor de los contratos superó los 3 mil millones de pesos, aunque la mayoría tenían cobertura por más de un año. Hasta inicios de octubre del presente año se habían sumado casi 2 mil millones de pesos en asignaciones a empresas de subcontratación laboral.

Los contratos se han dado en las secretarías de Bienestar, Relaciones Exteriores, Economía,  la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Banobras, Nacional Financiera, Bancomext, el INEA y en centros de investigación.

Empresarios rechazan la propuesta

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publicó en su página de Twitter un comunicado donde denuncia la propuesta. Su postura es que con esto se perderían miles de empleos y se afectaría la economía.

La Coparmex propone, como mejor medida, que la autoridad distinga entre el outsourcing legal e ilegal:

“El outsourcing -que cumple con todos los estándares legales- es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que apoya el empleo, la economía formal y la inversión. Su prohibición afectaría aún más nuestra deteriorada economía.”

Fuente: El Contribuyente

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