Fuga de empresas ante la incertidumbre que plantea la política del Gobierno a los inversores

La Cuarta Transformación le declaró una batalla a muchos empresarios, a quienes acusó de “sentirse los dueños del país” y de ser “una minoría rapaz”. México ya está sufriendo las consecuencias. Desde que ganó las elecciones en junio de 2018, el titular del Ejecutivo Federal puso a consulta popular la cancelación de proyectos de infraestructura, como un aeropuerto nuevo para la Ciudad de México y una planta cervecera de una empresa privada. Apoyó una iniciativa propuesta por su partido para obligar al banco central a comprar dólares en efectivo (vulnerando su autonomía). Ha enviado iniciativas al Congreso para prohibir la subcontratación o el outsourcing y, más recientemente, para revertir una reforma energética constitucional en el sector energético, el cual se abrió a la inversión privada por primera vez en 70 años en la administración anterior.

Empresas internacionales están cerrando sus oficinas en el país, despidiendo a sus empleados porque no tienen la certeza de que sus inversiones serán respetadas. Con ellas salen también cientos de millones de dólares en potenciales proyectos. Esto se ha visto en el sector energético más que en ningún otro sector, ya que el Gobierno ha hecho todo lo posible por regresarle a las paraestatales de petróleo y de electricidad, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), el monopolio en sus respectivos mercados.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de las patronales empresariales más grandes del país, se refirió a la iniciativa enviada al Congreso por el Presidente, la cual le daría preferencia a la paraestatal en la industria eléctrica, como “una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la CFE, electricidad más cara y contaminante”.

La empresa inglesa de energía renovable Solarcentury, anunció a sus empleados en el país que cerrará la oficina este año. Sowitec, empresa alemana desarrollada de plantas de energía renovable, también tuvo que despedir a algunos de sus empleados en septiembre del año pasado, ante la incertidumbre generada por la administración actual. Las empresas aseguran que se han enfrentado a un obstáculo tras otro. Desde complicar e imposibilitar los trámites de permisos necesarios para operar, hasta ser el blanco de ataques, muchas empresas están en una especie de limbo, esperando los resultados de las próximas elecciones de medio término, las cuales definirán si el partido en el poder consolida su poder o enfrenta resistencia para pasar sus propuestas. De esto dependerá si vale la pena, o no, quedarse en México.

Además, durante la pandemia, el Gobierno Federal se rehusó a apoyar a trabajadores en confinamiento obligatorio con una parte de sus sueldos, diciendo que las empresas eran las que debían de hacerlo. Se perdieron más de 12 millones de empleos, de los cuales solo se han recuperado nueve millones y más de un millón de empresas tuvieron que cerrar de manera permanente por falta de ingresos en los últimos 17 meses, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La inversión fija bruta, el mejor indicador del crecimiento económico por venir, lleva cayendo mensualmente de manera consecutiva desde finales de 2019.

Jugada maestra

Para la empresa inglesa Solarcentury, la cual llegó a México para aprovechar la reforma energética que entró en vigor en 2013, el clima de negocios actual es muy diferente al que vieron cuando llegaron. El año pasado, la empresa fue adquirida por la escandinava Statkraft y decidió que su oficina en México cerraría. “El entorno regulatorio actual en México es más desafiante que cuando Solarcentury estableció su presencia en el mercado y, como consecuencia, Statkraft está considerando varias alternativas estratégicas para el negocio mexicano”, dijo la empresa.

Por su parte, la alemana Sowitec, también empresa de energía renovable, tuvo que reducir su plantilla en septiembre, en gran parte porque el futuro de sus proyectos en México es incierto, dice Alejandra Domínguez, directora gerente en el país y exfuncionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). “Desde que llegó al poder la nueva administración hemos visto un retroceso en el apoyo a la generación de energías renovables, derivado de que el principal objetivo de este Gobierno es el reforzamiento de la propia CFE y de PEMEX. Es decir, estas empresas son los ejes centrales en donde el Gobierno hoy en día quiere enfocarse para que recobren la fuerza que solían tener en el pasado, dejando de lado a la iniciativa privada”.

Obstáculos y silencios

La actual administración, cuenta Domínguez, “empezó a obstaculizar el poder desarrollar este tipo de proyectos desde limitar el acceso a información del Sistema Nacional Eléctrico, la obtención de permisos a nivel federal e inclusive local. La pandemia fue para el Gobierno Federal una oportunidad para impedir la expedición de permisos, ya que las oficinas de reguladores y secretarías como la SEMARNAT, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) han permanecido cerradas, asegura Domínguez. “Esto impidió que pudiéramos obtener las autorizaciones de los proyectos que teníamos”, explica.

Ahora, el principal factor de riesgo para el futuro de la empresa en México, serán las elecciones legislativas y locales de medio término este verano, dice Domínguez. “Lo más relevante ahora son las votaciones del 6 de junio de este año para ver cómo va a quedar el Congreso constituido”, asegura, “hablo de partidos políticos que puedan beneficiar las posturas del Gobierno actual o que puedan balancear todo lo que pretende este Gobierno”.

Fuente: El País / Isabella Cota

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