Estacionalidad, causa de bajas laborales en diciembre: CCE

El sector empresarial respondió que la cancelación de empleos realizados por las empresas en diciembre forman parte de los trabajos temporales, como cada año ocurre, aunque admitió que, al no haber inversión en el 2019, “tampoco hubo crecimiento económico”; por ende, menor capacidad de las compañías para absorber nuevas plazas laborales.

En relación al anuncio del IMSS, relativo a que más de 14,000 empresas dieron de baja sus nóminas completas durante el último mes del 2019 y que el gobierno federal presume haber sido a consecuencia del uso de la subcontratación ilegal, negó que exista preocupación por la persecución que realizarán las autoridades a la figura laboral del outsourcing, debido a que el gobierno federal ha detectado irregularidades de las empresas con los salarios de los trabajadores, pues no coinciden.

“Siempre en los últimos meses se pierden trabajos eventuales. Lo que requerimos ver es si fue conforme a la ley o si se les pagaron sus partes proporcionales de prestaciones que habían tenido y si se están cumpliendo con las regulaciones existentes”, mencionó.

El líder de los empresarios en el país se pronunció por regular la figura laboral, pero no criminalizar, ya que si bien pudiera haber algunas irregularidades, deberán corregirse, mas no sancionarse hasta con prisión.

El presidente del CCE mencionó que, en breve, el sector privado entregará su propuesta para modificar algunas partes de la ley laboral sobre la subcontratación, lo cual “no quiere decir que todo esté mal”, aclaró en conferencia de prensa.

Recordó que existe la iniciativa del Senado, la cual propone: “la simulación de subcontratación de personal puede, además de tener consecuencias previstas en esta ley, resultar delictiva”.

El procurador fiscal Carlos Romero Aranda conminó a los empresarios a regularizar su relación laboral bajo esos esquemas, pues la nueva ley contempla sancionar con hasta 20 años en prisión.

Se prevé que en los próximos días comience el diálogo en el parlamento abierto para regular una ley vigente.

Fuente: El Economista / Lilia González

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