Electricidad: tiro en el pie

La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados hace algunos días es contraria a la Constitución y viola los compromisos que México ha adquirido en el T-MEC, así como en el Acuerdo Transpacífico (TIPAT) y el Tratado de Libre Comercio que acabamos de renegociar con la Unión Europea, que aún no entra en vigor (TLCUEM).

De entrada, esta iniciativa resultaría inconstitucional, ya que intenta socavar el régimen jurídico establecido a través de las modificaciones a la Constitución que se llevaron a cabo en la Reforma Energética del 2013. Esto sin duda ocasionaría una cascada de amparos en el Poder Judicial en caso de que la iniciativa fuese aprobada, y además México abriría un frente muy complicado ante sus principales socios comerciales, puesto que la Reforma Energética está consolidada en el T-MEC.

Si bien existe un Capítulo 8 que señala que los recursos energéticos le pertenecen a la Nación, y que México tiene la facultad soberana de modificar su Constitución, uno de los principios básicos del T-MEC y de todos los Tratados que ha firmado nuestro país es que toda modificación constitucional, así como los cambios al marco legal y regulatorio, tienen que ser compatibles con los compromisos de México en el Tratado. Los compromisos de México en energía están plasmados en diversos capítulos del T-MEC, principalmente en los capítulos de Inversión, Empresas Propiedad del Estado, Comercio Transfronterizo de Servicios, y Excepciones y Disposiciones Generales.

En particular, el Artículo 32.11 señala que México tiene que otorgarles a sus socios comerciales de América del Norte el mismo trato que les concedió a otros socios de TLCs que hayan sido ratificados antes de la entrada en vigor del T-MEC (en otras palabras, los compromisos adquiridos en el TIPAT), y la apertura concedida es la Reforma Energética de 2013. México puede seguir abriendo el sector, si así lo decide, y esa apertura adicional se incorpora automáticamente a los TLCs. Lo que no puede hacer es ir en reversa y cerrar lo que ya había abierto.

Esto es lo que intenta hacer esta iniciativa: modifica las condiciones a través de las cuales las empresas privadas decidieron invertir en la generación de electricidad a partir de energías limpias, al destruir el mecanismo de despacho de energía de centrales eléctricas que opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), dándole prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y enviando al final de la fila a las plantas eólicas y solares. Lo hace también al desvirtuar el mecanismo de Certificados de Energías Limpias (CELs), los cuales hoy en día se otorgan a centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014. La iniciativa favorecería a CFE al permitir que sus plantas, que operan desde antes del 2014, puedan obtener los certificados, eliminando así los incentivos a invertir en nuevas plantas limpias.

Las inversiones realizadas por empresas de Estados Unidos y Canadá están protegidas bajo el T-MEC y bajo el TIPAT, y los inversionistas de dichos países podrían iniciar litigios en contra de México bajo el mecanismo de arbitraje de Inversionista-Estado. Si consideramos que las inversiones en los 44 proyectos de energía renovable que existen en México tienen un valor combinado de alrededor de 6 mil millones de dólares, hay un alto riesgo de demandas individuales por encima de los 200 millones de dólares.

Pero más allá de las violaciones a los Tratados, la verdadera tragedia sería que a través de esta iniciativa encareceríamos la energía en México y afectaríamos al medio ambiente, al darle preferencia a la generación de energía sucia. El resultado sería devastador para los usuarios y reduciría la competitividad de todos los sectores productivos del país.

Fuente: Reforma / Kenneth Smith Ramos

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