¿El Gobierno colaborará con el sector privado para salvar empleos?

Por Elias Micha

De acuerdo con datos ofrecidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), del 13 de marzo al 8 de abril se perdieron, por la crisis sanitaria, cerca de 347 mil empleos formales en nuestro país, más de todos los que se habían creado durante 2019.

La exorbitante cifra, sin embargo, se queda corta, debido a que no refleja los seguramente cientos de miles de desempleados de la informalidad (cuando más de 30 millones de trabajadores forman parte de este mundo) ni las afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 99.8% de las unidades económicas del país, donde muchas personas reciben ingresos por el autoempleo. Tenemos que cerrar filas para defender el trabajo, porque el desempleo y la contracción económica acarrean malestar social y, en los casos más extremos, delincuencia.

Para poder aminorar el desempleo y la caída económica, resulta indispensable hacer un diagnóstico adecuado. De ese modo se pueden corregir los errores que se han cometido, antes de que escalen las consecuencias a magnitudes incalculables y de muy largo plazo. Sobre todo, es impostergable la colaboración y la comunicación entre el Gobierno y el sector privado, pues de lo contrario será imposible para las empresas salvaguardar el empleo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una caída de 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en México, el mayor derrumbe económico para los países grandes de Latinoamérica. La cercanía que tenemos con los Estados Unidos (es nuestro principal socio comercial y allí ya se perdieron 16 millones de empleos), la dependencia de nuestras cadenas productivas con otras naciones (en especial China), la caída de los precios del petróleo, la importancia de los servicios y el turismo para nuestra economía, así como la falta de medidas oportunas, nos convierten en el epicentro latinoamericano del temblor del desempleo.

El banco suizo UBS declaró que la crisis en México no tendrá precedentes y anticipa una contracción del 7.6% de nuestra economía. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha cambiado sus estimaciones, de un crecimiento de 1.6% antes del COVID-19 a una caída de 5.3%. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de una pérdida de 4.1 a 7.4 millones de empleos en países con nivel medio-alto de ingresos, como el nuestro.

Cualquier medida que ayude a disminuir estos daños tiene que ser promovida. Cabe recordar que, a finales del año pasado, en el seminario de El Colegio de México (COLMEX) denominado La subcontratación en México: balance y alternativas de regulación, las doctoras Landy Sánchez y Graciela Bensusán señalaron que en los subsectores que recurrían intensivamente a la subcontratación la informalidad se redujo de un 33% a un 22% y que en ellos ha aumentado la productividad de los empleos.

Dado que la tercerización hace que crezca el empleo formal y la productividad, es menester incentivarla. Lejos de ser un problema, se trata de una de las principales vías para hacer frente a la actual crisi. Por ello, resulta necesario que a partir de ahora sin la menor dilación, México siga las recomendaciones de la OIT y flexibilice su estructura laboral con el objetivo de paliar las consecuencias durante esta etapa. Tenemos que exigir a las autoridades una respuesta oportuna.

Por otro lado, la STPS ha hecho un llamado para que las empresas salvaguarden a su personal y no disminuyan sueldos. No obstante, para conseguirlo es indispensable que las distintas dependencias del Ejecutivo Federal articulen esfuerzos e implementen medidas como seguros temporales de desempleo, la suspensión momentánea de sus megaproyectos, reasignaciones presupuestales, estímulos o diferimientos fiscales, créditos en mejores condiciones de las que se ofrecen y, en fin, cualquier acción que facilite el pago de la nómina.

El sector privado está dispuesto a aportar soluciones para el bienestar nacional, pero, para que pueda hacerlo, es necesario que el Gobierno ofrezca ayuda sustantiva. Cuando las situaciones son extraordinarias, solamente hay dos alternativas: proponer soluciones también extraordinarias o entregarse a consecuencias catastróficas.

Para reducir los efectos negativos sobre la economía, es perentorio que no continúe la polarización entre el Gobierno y las empresas, sobre todo las mipymes, quienes en este contexto pueden contribuir mejor a estimular tanto el empleo formal como el informal. Cabe recordar lo siguiente: 7 de cada 10 plazas laborales pertenecen a pymes; muchas de ellas, ante la falta de apoyos, se verán obligadas a reducir su personal o a eludir y evadir impuestos, con lo cual se contará con menos recursos para afrontar la emergencia sanitaria.

La pregunta que nos podemos hacer ahora es la siguiente: ¿el Gobierno colaborará con el sector privado para salvar empleos? En este sentido, cabe añadir: si no se promueve la subcontratación y no se ve a este sector como una ayuda laboral ante la crisis, ¿estará dispuesto a aceptar la responsabilidad de los millones de empleos que todavía hoy pueden salvarse?

Fuente: TallentiaMX

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