Ejecutivo federal rechaza cambios a la LFT en materia de subcontratación

Por Elias Micha

Las piezas están puestas sobre el tablero. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, expresó que habrá en febrero un parlamento abierto para que empresarios, trabajadores, políticos y asociaciones expresen su opinión en torno a la subcontratación y posibles modificaciones en su definición. Algunos integrantes del Poder Legislativo consideran que, en los hechos, es necesario erradicar cualquier clase de outsourcing. Sin embargo, el Ejecutivo federal ha manifestado en diversas ocasiones que desea que no se cambie la Ley Federal del Trabajo en materia de tercerización. Deben analizarse las causas detrás de esto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró categóricamente el miércoles 15 de enero del presente año: “Nosotros esperamos que con el marco legal que se tiene se puedan desterrar estos fenómenos de evasión (en la tercerización)”. Para que no quedaran dudas, hizo la siguiente puntualización: “Nosotros ya no queremos hacer modificaciones legales, pues consideramos que ya las reformas que se hicieron son suficientes”. Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, y Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno, han sostenido reiteradamente esta misma línea. Es fundamental recordar que el presidente, cuando habla de los alcances realizados en esta materia, alude a la reforma laboral del 1 de mayo (en la que se promovió la democracia sindical y la justicia laboral), a los aumentos del salario mínimo y a la aprobación del T-MEC.

También es importante señalar que a partir de este año, las empresas que contraten servicios de outsourcing están obligadas a retener y enterar al SAT directamente 6 de 16% del IVA. Con esto, quienes anteriormente no reconocían estar dentro de la subcontratación se verán obligados a declarar su estado y, con ello, quedarán sujetos a las disposiciones del artículo 15-A de la LFT vigente. Gracias a esta Miscelánea Fiscal (que está en sintonía con las declaraciones del Ejecutivo) se hizo un gran avance para cerrarle el paso a las prácticas ilícitas, promoviendo así al outsourcing profesional.

Para acabar de desterrar la elusión de responsabilidades laborales y fiscales, la STPS, la UIF, el IMSS, el SAT y la Procuraduría Fiscal han instrumentado un sistema de vigilancia coordinada para hacer cumplir la ley. Mientras este grupo interinstitucional tenga reglas claras y transparentes, respete el Estado de derecho y el debido proceso manteniendo la presunción de inocencia, incentive la subcontratación profesional y procure el desarrollo social y económico, los esfuerzos de las autoridades por implementar la normatividad deben alentarse y celebrarse.

Según el diagnóstico de TallentiaMX, acabar con el outsourcing en México atenta contra las tendencias globales del mundo del trabajo, traería graves consecuencias en la creación de empleos formales y en el desarrollo económico del país, incentivaría la informalidad y la ilegalidad, alejaría la inversión extranjera y nos situaría en una posición de desventaja histórica en el ámbito laboral. Por estos motivos, y dados los esfuerzos y la postura que sostiene el Ejecutivo federal, consideramos que no debe modificarse la LFT. Hacerlo desarticularía el proyecto laboral del país y favorecería intereses retrogradas y consideraciones económicas particulares. Cualquier cambio normativo debe ser con miras a fortalecer la tercerización y procurar el desarrollo.

*El autor es director general de TallentiaMX.

Fuente: Elias Micha / El Economista

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