Desaparecer el outsourcing va contra el T-MEC: American Society

Las empresas estadounidenses en México no se adherirán al acuerdo pactado entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Gobierno Federal para “regular” el outsourcing a partir de enero y esperarán hasta la dictaminación del Congreso para definir sus negocios en el país; aunque advirtieron que, de desaparecer el outsourcing o insourcing, la inversión estadounidense asentada en el país puede reconsiderar su estancia en el país.

Larry Rubin, presidente de la American Society of México (cúpula de la comunidad empresarial estadounidense en México), advirtió que si México elimina el outsourcing se afectará la relación bilateral México-Estados Unidos, por lo que el gran riesgo es que los proyectos de inversión programados en los próximos cinco años para territorio mexicano, como parte del T-MEC, se trasladen a otros países por la falta de certidumbre en las políticas públicas.

“Tenemos que estar conscientes, al igual que los legisladores cuando decidan sobre el outsourcing, de que las empresas norteamericanas tienen oportunidad de hacer inversiones en diferentes partes del mundo, México no es el único, definitivamente tiene el T-MEC, que es una gran herramienta, pero también lo tiene Canadá, y si Canadá posee mayor estabilidad en todos los sentidos de la palabra y da certidumbre al empresario, que quizá México no pueda ofrecer, la inversión quizá termine viéndose a Canadá o a otros países”, sentenció el representante del partido Republicano de Estados Unidos en México.

En conferencia virtual, Larry Rubin dijo que el 92% de las empresas estadounidenses tienen un sistema de outsourcing o insourcing para operar en México, y “por eso es importante que se permita continuar”, por lo que pidió la intervención de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación para que respalden la importancia de la inversión extranjera.

“Las empresas norteamericanas no van a tomar medidas hasta que el poder legislativo dictamine y diga cómo se manejará el outsourcing. En la última propuesta del Ejecutivo era eliminar este esquema laboral y creemos que sería grave en detrimento para el empleo en el país”, recalcó.

Por su parte, los expertos en materia laboral y fiscal de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), demandaron transparentar los cambios requeridos en materia de subcontratación ya que, si no se aclaran, muchas empresas no van a querer poner en riesgo la deducibilidad del acreditamiento de los impuestos y le van a pedir al prestador que tenga su autorización de la Secretaría del Trabajo, incluso cuando no sea necesario.

“Sí, van a poner en una encrucijada, en temas comerciales, a las empresas si no se acota”, destacó Edmund Duckwitz, expresidente de CAMEXA y encargado de la consultoría Von Wobeser y Sierra.

Armadoras piden aclarar pacto

En otro frente, la industria automotriz en México pidió a las autoridades federales reglas claras para definir qué es outsourcing legal y cuál consideran ilegal para corregir a partir de enero del 2021, como se acordó con unos organismos que agrupan al CCE, ya que las indefiniciones podrían provocar el rompimiento de la cadena global de valor en la producción del sector.

Así lo advirtió Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), quien sostuvo que el insourcing es una práctica utilizada en la industria automotriz, y “creemos que debe de permanecer con sus características”.

Sentenció, si se elimina el outsourcing, se impactaría a la competitividad de México, como destino de las inversiones, puesto que es una herramienta usada en muchos otros países.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), reiteró la oposición del gremio a la violación que se lleva a cabo con las prácticas ilegales del outsourcing, pero “nuestra postura es que se siga manteniendo y permitiendo el outsourcing y el insourcing en México, con pleno cumplimiento de las cuotas obrero-patronales”.

Recalcó: “no estamos de acuerdo en su eliminación, ni de acuerdo en su penalización tal cual como está la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso”.

Fuente: El Economista / Lilia González

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