Datos sobre la subcontratación y el outsourcing ilegal

Por Elias Micha

Paradójicamente, la era de la información ha resultado ser también la época de la desinformación. Entre el mar de cifras y declaraciones es extremadamente difícil procesar razonadamente todo cuanto recibimos. La subcontratación es víctima también de este estruendoso proceso. Por este motivo, tomando como base los resultados del censo oportuno del 2019 del Inegi y los datos de las investigaciones que el gobierno federal ha realizado para combatir el outsourcing ilegal, TallentiaMX considera necesario analizar las dimensiones reales de la tercerización en México. El espíritu científico y los estudios fundamentados sirven para asentar las bases sobre las cuales debe partir cualquier discusión en torno a esta industria. Acabar con las malas prácticas laborales es un requerimiento urgente, así como combatir académicamente la campaña de desprestigio que han iniciado quienes buscan erradicar cualquier tipo de subcontratación, incluso aquella que cumple con lo que las disposiciones señalan.

Los índices de crecimiento de la subcontratación son considerablemente más altos que los del resto de los trabajos formales. Según la información oficial del IMSS, del 2003 a la fecha la tasa promedio anual del aumento del empleo formal ha sido de 3.3%, mientras que de acuerdo con el Inegi la del outsourcing ha alcanzado 7.4 por ciento. Desde el 2013, se han creado en promedio 670,000 puestos de trabajo por año, de los cuales aproximadamente 220,000 pertenecieron a algún tipo de tercerización. Por lo tanto, es indispensable tomar en cuenta que de este régimen laboral depende en buena medida el desarrollo de nuevos empleos. No es coincidencia que en el 2018, 23.7% del personal ocupado haya estado laborando bajo este esquema y que cuando menos 6.2 millones de connacionales encuentren en él su fuente de remuneración.

Sin duda alguna, es menester desaparecer la subcontratación ilícita, aquella que no cumple con lo que señala la Ley Federal del Trabajo y elude sus obligaciones fiscales y/o laborales. Por ejemplo: según informes recientes presentados por el titular del IMSS, en diciembre del 2019 hubo 64,000 empleados despedidos por grupos de outsourcing ilegal. Sin embargo, hubo además 320,000 trabajos que se perdieron debido a la estacionalidad de los empleos, que, según los reportes del Seguro Social, ha sido un fenómeno regular cuando menos desde 1997, cuando la tercerización no alcanzaba los altos niveles que actualmente tiene. Esto no significa que sean tolerables las prácticas abusivas de empresas ilegales, sino que la estacionalidad no es un fenómeno exclusivo de la subcontratación; lejos de ello, está altamente presente en los modelos de contratación ordinaria.

Por otra parte, de las 51 demandas que esta administración federal ha presentado para combatir malas prácticas laborales, sólo cinco están relacionadas con tercerización abusiva. No podemos minimizar los efectos nocivos que los comportamientos ilegales tienen para la sociedad. Los trabajadores y las unidades económicas que se dedican al outsourcing responsable y profesional resultan seriamente lastimados por aquellos que compiten deslealmente y socavan los derechos de los mexicanos. Empero, los datos actuales revelan que la gran mayoría de la subcontratación opera dentro de los límites que la normatividad fija. Hay quienes han faltado a la verdad manifestado que todos los trabajadores subcontratados son víctimas de prácticas abusivas, cuando las declaraciones de la STPS, de la UIF y del IMSS señalan expresamente lo contrario.

Por último, TallentiaMX desea aclarar una confusión jurídica. La subcontratación ilegal existe precisamente en virtud de que la LFT vigente describe con toda precisión los límites y alcances de esta modalidad. El Ejecutivo federal ya está haciendo las inspecciones necesarias para que se cumpla la ley. En consecuencia, resulta falaz la argumentación según la cual es necesario impulsar reformas legales, más aún cuando con esto se pretende desaparecer, de manera retrógrada y contraproducente, un sistema que es actualmente uno de los pilares del trabajo formal en nuestro país.

Los indicadores señalan que este año se tendrá que optimizar el funcionamiento de la subcontratación. Para ello, las autoridades tendrán que supervisar e implementar las leyes, y los legisladores deberán incentivar un modelo que ha probado ser útil para mejorar la producción y generar empleos dignos.

Fuente: El Economista / Elias Micha

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