Abogados ven “inviable” desaparecer el outsourcing en plena pandemia

Para el sector de la abogacía nacional resulta “inviable” desaparecer la subcontratación como lo plantea la iniciativa de reforma del outsourcing del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en plena pandemia del COVID-19 aniquilará “de un plumazo a millones de empleos”. Lo que se requiere es dar certeza a las inversiones y aplicar el estado de derecho, sostuvo Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía (CNA).

“(Los abogados) estamos en contra de la evasión y elusión fiscal, del subregistro de los trabajadores, de la facturación falsa y de cualquier otra actividad que perjudique la hacienda pública y los derechos de los trabajadores”, acotó.

No obstante, el representante de los abogados advirtió que este argumento “no significa de ningún modo eliminar por completo la subcontratación o tercerización y menos aprobar una iniciativa de ley sin un análisis general, donde sean consideradas las posiciones y opiniones de los participantes en el Parlamento Abierto”, el cual fue realizado durante el 2019 y hubo consensos.

En entrevista con El Economista, Vidal Méndez dijo que es “loable” la erradicación de la elusión y evasión fiscal, sin embargo, “estamos ciertos que la fórmula propuesta no tendrá la eficacia que pretende” y en cambio de aprobarse eliminando la figura de subcontratación, “provocarán incertidumbre jurídica perniciosa para trabajadores y empresarios”.

Pidió no satanizar al empresariado mexicano ni generalizar que la subcontratación provoca prácticas ilegales, y si se incurre en ellas —abundó—, desde el 2012 la figura del outsourcing ya está regulada y entonces que se sancione y se materialice la ley existente, porque también está vinculada a la ley fiscal y del IMSS para poder tipificar las conductas por evasión.

“El paquete de reformas legales (para eliminar el outsourcing) refleja desconocimiento de la realidad jurídica-laboral del país. Actualmente existen normas jurídicas para investigar y perseguir prácticas abusivas e ilegales, en materia laboral y fiscal, por tanto, el endurecimiento de sanciones en contra de éstas no garantiza el objetivo propuesto, en todo caso, para desarraigar el abuso e ilegalidad nada mejor que el combate a la impunidad”, lamentó el dirigente de los profesionales del derecho.

Fuente: El Economista / Lilia González

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *