Subcontratación: compromiso legislativo con la democracia

Te recomendamos leerlo porque hace un recuento de todas las acciones que han hecho empresarios, trabajadores y autoridades laborales para aportar propuestas constructivas a la regulación del outsourcing, sin que la Comisión de Trabajo del Senado haya modificado el dictamen de subcontratación.

Un dato: Después de dos parlamentos abiertos y una mesa de alto nivel en materia de subcontratación, el dictamen que pretende regular la actividad no se ha modificado sustantivamente.

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En el Senado de la República se encuentra detenido el dictamen de subcontratación laboral que fue el resultado de un Parlamento abierto y de una serie de mesas de alto nivel organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de dicha Cámara (además de un Parlamento abierto realizado en la Cámara de Diputados). En su lugar, se está promoviendo aquel que había sido dictaminado en diciembre del año pasado. Esto es inaceptable ante un contexto de crisis en la creación de empleos y de una probable contracción económica por el coronavirus y por la caída de los precios del petróleo. El hecho resulta alarmante porque se ignora un proceso legislativo plural, democrático y fecundo, por medio del cual había sido posible promover la tercerización responsable y erradicar las malas prácticas laborales.

Recapitulemos. El 3 de diciembre del 2019 las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda dictaminaron una iniciativa de ley en materia de subcontratación. Sin embargo, dado que la propuesta criminalizaba punitivamente la tercerización legal y profesional, contenía consideraciones penales retroactivas y amenazaba con afectar gravemente la creación de empleos (que había alcanzado en el 2019 la cifra más baja desde la crisis económica del 2009), la Jucopo del Senado decidió ampliar el debate y realizar un Parlamento abierto y varias mesas de alto nivel en donde quienes participan del outsourcing expresaran cuál es la vía óptima para mejorar este régimen laboral y para acabar con los comportamientos ilegales en los que algunos han incurrido.

En estos eventos participó el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Unidad de Trabajo Digno, del Seguro Social, del Infonavit, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Además de dichas autoridades, intervinieron en los foros mencionados legisladores, líderes sindicales y de trabajadores, organizaciones empresariales, asociaciones y académicos, que sumados fueron más de un centenar de actores. Todos ellos se dieron cita en el Senado para optimizar el dictamen referido y encontrar una salida que asegurara el cumplimiento de la normatividad y que beneficiara a la economía y la sociedad mexicana.

Entre los acuerdos más destacables está la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, con lo cual se facilita y transparenta la legalidad de la tercerización. Además, los asistentes a estos espacios se mostraron a favor de no criminalizar una actividad que ha probado ser necesaria para México y que se usa de manera generalizada e intensiva en todo el mundo. Todo apuntaba a que gracias a la Jucopo y a la acción conjunta de la sociedad había sido posible superar las imposiciones de aquellos que tienen intereses particulares y, en su lugar, llegar a una iniciativa que reunía las opiniones de autoridades, legisladores, empresarios y, sobre todo, trabajadores. No creo exagerar cuando afirmo que pocas veces nuestro país había visto un ejercicio promovido por el Poder Legislativo tan positivo, en el que se discutiera con tanto detalle cada una de las propuestas, en el que tantos actores defendieran sus intereses y donde se hallara una salida común.

Lamentablemente, todos estos avances amenazan con ser descarrilados. Aunque el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, haya anunciado que se respetarán los acuerdos, la verdad es que el dictamen consensuado permanece detenido. Con ello, se está desperdiciando el diagnóstico y el trabajo que los implicados habían realizado.

El compromiso del Senado de la República no sólo es con los cerca de 8 millones de trabajadores subcontratados, con los empresarios, con el Ejecutivo federal, con los legisladores ni con los que están implicados en la subcontratación, sino con la democracia. Sería extremadamente negativo que por encima de los acuerdos y de los compromisos hechos públicamente por los legisladores las comisiones unidas volvieran a dictaminar una iniciativa que únicamente está fundamentada en los intereses de un pequeño grupo y no en los consensos a los que dentro del Senado llegó la sociedad en su conjunto. El compromiso por México es siempre un compromiso por la democracia.

* Elias Micha es director general de TallentiaMX.

Fuente: El Economista

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