Lectura recomendada No. 14

Propuesta para transformar la seguridad social en México

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Te recomendamos leerlo porque el artículo desarrolla una propuesta de crecimiento y desarrollo del país, a partir de la eliminación de la informalidad laboral, lo cual se puede lograr a través de la creación de una mejor seguridad social. Para lo cual describe las disfuncionalidades del mercado laboral mexicano, diagnóstica el estado actual de la seguridad social y plantea diez propuestas para alcanzar un nuevo sistema de seguridad social.

Un dato: En 14 años, el porcentaje de trabajadores con seguridad social pasó de 36.4% a 37.6%, un aumento de 1.2 puntos de cobertura -0.085 puntos al año-. A esa velocidad faltan más de siete siglos para que todos los trabajadores estén cubiertos por la seguridad social.

Síntesis

Todos los días millones de mexicanos acuden a las clínicas y hospitales del IMSS, pero tienen largas esperas para recibir atención; pocas veces les surten sus recetas completas y frecuentemente les difieren los procedimientos. Todos los días millones de mujeres enfrentan fuertes dificultades para obtener un buen empleo, porque no tienen quien les cuide a sus hijos.

Todos los días millones de empresarios dedican sus esfuerzos y arriesgan sus ahorros creando nuevas empresas o administrando las que ya tienen. La mayoría de esas empresas no sobreviven. Para sobrevivir esos empresarios evaden a los inspectores del IMSS, del SAT y de la STPS; cuando no lo logran, los corrompen. Esos empresarios prácticamente no pagan impuestos y no tienen acceso a crédito; muy pocos sueñan con innovar o adoptar nuevas tecnologías. Crean muchos empleos, todos precarios.

Ese es el mundo de la informalidad, producto en parte y causa en parte del fracaso de nuestra seguridad social. En ese mundo es difícil que los mexicanos tengan un sentido profundo de ciudadanía. En ese mundo la relación de los ciudadanos con el Estado es oportunista. En ese mundo esas conductas, al igual que las ilegales, son redituables.

El mundo de la informalidad nos impide crecer más rápidamente y ser una sociedad próspera. En ese mundo todos perdemos. Por ello es imperativo abandonarlo. Pero es imposible hacerlo sin transformar la seguridad social.

En la mayoría de los países de la OCDE la seguridad social es el principal instrumento para proteger a la población, y reducir las desigualdades. Esto se logra ofreciendo a todos servicios de salud, facilitando la incorporación de las mujeres al mercado laboral mediante servicios de cuidados infantiles, asegurando que los trabajadores tengan ingresos durante el desempleo, protegiéndolos contra la invalidez y accidentes, y procurando que nadie experimente pobreza durante la vejez.

México está muy lejos de esta realidad. El país no llegará a ser un país próspero y equitativo sin revertir esta situación. Ningún cambio de política pública contribuiría más a crecer con inclusión social que una transformación integral de la seguridad social.

Ante la complejidad del reto se podría pensar que es preferible concentrar la atención en iniciativas que tengan un impacto más inmediato sobre la desigualdad y el bienestar. En el contexto actual de México esa ruta no es recomendable, vale la pena considerar la experiencia de iniciativas similares en gobiernos anteriores. Todas comparten el mismo punto de partida: consideran que la división del mercado de trabajo en un sector formal y otro informal es ajena al diseño jurídico, a las fuentes de financiamiento y a las instituciones de la seguridad social. Como si eso fuera natural.

La política pública puede hacer poco para cambiar la presencia de zonas desérticas en el norte y zonas selváticas en el sur, pero puede hacer mucho para modificar la división de la economía en un sector formal y otro informal. La alta informalidad que caracteriza a México no es genética, ni producto de la geografía, el lenguaje o la cultura. Es el reflejo de un conjunto de factores que inciden sobre el comportamiento de las empresas y los trabajadores. Es el síntoma de la enfermedad, no su causa.

El problema de fondo es no haber abordado los factores detrás de esa división. En las discusiones de política pública se señala frecuentemente que la ruta para crear más empleos formales es aumentar la inversión. Sin embargo, esa visión no considera que los factores que causan la segmentación formal-informal de la economía no se corrigen aumentando la tasa de inversión; al contrario, la deprimen.

Sin duda sería conveniente aumentar la tasa de inversión. Pero la visión de “invertir para crecer y formalizar” ignora que en México se invierte mal. Los factores detrás de la segmentación formal-informal de la economía son en gran medida los mismos factores que inducen a que parte de la inversión se canalice a empresas pequeñas de baja productividad, que crean empleos precarios sin cobertura de seguridad social

Muchos factores influyen sobre la división de la economía en un sector formal y otro informal y la consecuente disfuncionalidad del mercado laboral. Entre ellos, un régimen tributario que subsidia a las empresas pequeñas e improductivas fomenta el empleo por cuenta propia, grava en exceso al trabajo asalariado, y castiga el crecimiento de las empresas productivas.

En México, la informalidad laboral ha sido prácticamente constante y la informalidad empresarial ha aumentado. En 2005 la tasa de informalidad laboral, medida conforme la definición del INEGI, fue 59.1%. Casi tres lustros después, en 2019, fue 56.9%. En el mismo lapso, el porcentaje de trabajadores con seguridad social pasó de 36.4% a 37.6%; un aumento de 1.2 puntos de cobertura en 14 años, o de 0.085 puntos al año. ¡A esa velocidad faltan más de siete siglos para que todos los trabajadores estén cubiertos por la seguridad social!

Transformar la seguridad social es el único camino para ampliar la protección social, reducir las desigualdades en la distribución del ingreso, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, aumentar la productividad, y lograr mejoras permanentes en los ingresos y el bienestar de todos los mexicanos. Si se desea crecer más rápidamente, es indispensable transformar la seguridad social. Debemos aspirar a una seguridad social que cubra a todos, más redistributiva que la actual, con servicios de mejor calidad, basada en un enfoque de ampliación de derechos.

La transformación implica cambios a la arquitectura institucional, alcance y financiamiento de la seguridad social necesitan fortalecer la protección y ampliar los derechos sociales de los ciudadanos. En paralelo, deben dotar al Estado de un instrumento eficaz para redistribuir ingresos.

Para alcanzar estos objetivos, hacemos 10 propuestas:

1. Legislar el derecho ciudadano a la salud.

2. Legislar el derecho a una pensión ciudadana a partir de los 68 años.

3. Ampliar la cobertura de guarderías en 130%, equivalente a 830 mil espacios adicionales.

4. Crear un seguro de desempleo financiado con aportaciones patronales.

5. Establecer la obligación de los trabajadores a cotizar a su Afore cuando tengan un empleo informal.

6. Reducir las comisiones de las Afores y subsidiar el ahorro para aumentar las pensiones.

7. Facilitar al Infonavit a ofrecer créditos de vivienda a los trabajadores no asalariados.

8. Convertir al IMSS en una institución incluyente, asegurando a todos los trabajadores independientemente de su estatus laboral.

9. Trasladar la cobranza y fiscalización de las contribuciones a la seguridad social del IMSS al SAT.

10. Reducir los costos de la contratación formal.

Es fundamental que el sistema de seguridad social y el régimen tributario sean congruentes para que, en conjunto, mejoren la protección social, fortalezcan el esfuerzo redistributivo, impulsen la equidad de género y fomenten el desarrollo de empresas que creen empleos productivos. Por ello las propuestas recaudatorias deben enfocarse en reducir la informalidad y combatir la evasión.

Observaciones sobre cuatro obstáculos que se podrían enfrentar al impulsarlas.

1. La mayor dificultad para reformar la seguridad social deriva de afectar derechos adquiridos, o expectativas de derecho, de los trabajadores.

2. Las propuestas sí afectan a las secretarías y organismos involucrados en la seguridad social.

3. Las propuestas modifican narrativas arraigadas y frecuentemente expresadas en el discurso político sobre las instituciones de seguridad social, en particular sobre el IMSS.

4. El último obstáculo se refiere al costo de las propuestas que, de implementarse todas al mismo tiempo, sería de 1.5% del PIB. Manteniendo constante el gasto público, se requiere recaudar recursos por ese monto.

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