Elementos de un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en México

Te recomendamos leerlo porque establece propuestas fiscales puntuales para lograr una rápida recuperación económica en 2020 y que permita, al mismo tiempo, llevar a México a un crecimiento de 3% en el año 2021.

¿Sabías que?

Para México, los pronósticos de crecimiento del PIB varían de 0.7% hasta -9%, con un promedio de -5.0%. Con dicho promedio, el decrecimiento del ingreso per cápita sería de 6.1%, lo que podría sumir en la pobreza a 21 millones de mexicanos.

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México enfrenta una amenaza histórica. En poco tiempo, los efectos del coronavirus pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos, lo que quiere decir que más de 82 millones de personas en el país carecerán de ingresos necesarios para alcanzar un mínimo de bienestar.

El escenario anterior es posible si se repiten las secuelas de la crisis que asoló la nación en 1994 y que llevó al 70% de la población a condiciones de pobreza por ingreso. A diferencia de México, otros países de la región han reconocido el desafío y se han puesto a la altura del reto que ya define una época. No tenemos margen para la inacción. Hay que minimizar la pérdida de vidas y de empleos, la caída de las remuneraciones y la quiebra de empresas.

Ante la necesidad del país de establecer un plan económico integral de emergencia que mitigue la crisis y facilite una más pronta recuperación económica, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) propone una serie de medidas fiscales, adicionales a las anunciadas por el Gobierno Federal, y que a continuación se enuncian:

1. Restituir el gasto en salud del año 2015, en términos relativos, para atender las presiones sobre el sistema de salud derivadas de la emergencia sanitaria y, en particular, asignar recursos inmediatos para la atención a quienes requieran hospitalización.

2. Realizar una transferencia de un salario mínimo mensual, por tres meses, a las y los trabajadores que se encuentren en el sector informal.

3. Establecer un seguro de desempleo de dos salarios mínimos mensuales, por tres meses, para las y los trabajadores formales que pierdan su empleo.

4. Realizar una transferencia de un salario mínimo mensual, por tres meses, a las empresas formales por cada trabajador(a) afiliado(a) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

5. Hacer un reembolso extraordinario de impuesto sobre la renta (ISR) a las y los trabajadores por cuenta propia registrados(as) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 10 mil pesos en una sola exhibición.

El monto estimado de gasto público para realizar estas acciones va de 3.00% a 3.51% del Producto Interno Bruto (PIB) (ver cuadro 1).

El financiamiento de dichos recursos se puede obtener de la eliminación de la meta de superávit fiscal, de la redefinición de proyectos estratégicos y de la deuda pública. Para el año próximo, también pueden obtenerse recursos del posible remanente de Banco de México (BANXICO).

Contexto

  • El 29 de febrero de 2020, México se unió a los 62 países con casos de COVID-19.
  • Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia serán de magnitudes significativas. Para 2020, las estimaciones preliminares señalan un impacto mundial que va desde una contracción económica de 2.4% (OCDE), hasta una de 3% (FMI).
  • Para México, los pronósticos de crecimiento del PIB varían de 0.7% hasta -9%, con un promedio de -5.0%. Con dicho promedio, el decrecimiento del ingreso per cápita sería de 6.1%. Además, dada la estructura factorial identificada por INEGI, se espera una reducción del total de las remuneraciones a personas asalariadas, formales e informales, de 1.3% del PIB.
  • Lo anterior se combina con una caída, hasta mediados de abril, de alrededor de 75% en el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo y de 20% en el de la gasolina.
  • Ante esta situación, el Banco de México redujo en 100 puntos base la tasa de interés objetivo, amplió en dos mil millones las subastas de dólares para estabilizar el mercado cambiario, y adoptó medidas para apoyar el sistema financiero por un monto total de 750 mil millones de pesos (3.3% del PIB de 2019). Con ello busca promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sistema financiero.
  • En lo relativo a la política fiscal, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el superávit primario de 0.7% del PIB para ampliar el gasto público. Además, el Gobierno Federal adelantó partidas de gasto —en especial al sector salud— y transferencias de ingreso. También se anunció un esquema de créditos a pequeñas y medianas empresas, así como a taxistas de las grandes ciudades del país, a mujeres con micronegocios familiares y a la construcción de vivienda por parte de las y los trabajadores derechohabientes del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (ver cuadro 2).
  • Si bien se han tomado acciones fiscales, estas aún son limitadas. De acuerdo con el FMI (2020), actualmente México dedica 0.8% del PIB a medidas fiscales (gráfica 1). Las medidas no cubren a todos y a quienes cubren, no lo hacen de manera suficiente. En particular, no cubren a los mexicanos que ya han caído —o caerán— en desempleo. Tampoco se cubre adecuadamente a las empresas para su sostenimiento, incluida su plantilla de trabajadores, en particular, aquellas que no gozan de acceso a crédito.
  • Es factible una recuperación gradual de la economía en 2021, y que se alcance un crecimiento de 3% para ese año. Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre la trayectoria de la economía mexicana: no hay claridad respecto a las futuras medidas económicas que pudiera tomar la presente administración y al impacto que tendrá lo limitado de las de índole fiscal. Algunas de estas, incluso, lucen contraproducentes para la reactivación económica, para la productividad y para el crecimiento.

Fuente: Nexos

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