El desafío social en tiempos del COVID-19

Te recomendamos leerlo porque analiza los efectos económicos y sociales que tendrá la pandemia en América Latina y el Caribe, especialmente en los grupos vulnerables, en los trabajadores y en los mercados laborales de la región. Además, la CEPAL propone acciones para mitigar el impacto, como son establecer el ingreso básico y fortalecer el Estado de bienestar.

¿Sabías que?

La crisis generada por la pandemia provocará que los hijos de las familias más pobres de América Latina y el Caribe se vean obligados a entrar en el mercado de trabajo, lo que incrementaría las tasas de trabajo infantil, que corresponden al 7.3% de los niños de 5 a 17 años, unos 10.5 millones de niños.

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La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región

La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11.6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.

En la región, los mercados laborales suelen ser precarios: existe una alta proporción de empleos informales (un 53.1% en 2016, según la Organización Internacional del Trabajo). Las mujeres, las jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes están sobrerrepresentados entre los trabajadores informales.

Grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica

La pandemia tiene un impacto discriminado en diversos grupos de población y su capacidad de respuesta. La imposibilidad de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Los diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social en la región, cuyos ejes estructurantes son la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial y el territorio, a lo que se suman otros factores como la condición de discapacidad, el estatus migratorio o la situación de calle. Estas desigualdades se acumulan, se potencian e interactúan entre sí, causando múltiples discriminaciones que conllevan diferencias en el ejercicio de los derechos.

Si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, la situación de los trabajadores informales de ambos sexos, y especialmente la de las mujeres y las personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes resulta de la confluencia de los ejes de la desigualdad y constituye un fuerte núcleo de vulnerabilidad.

Las mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable. Al contar con una inserción laboral en condiciones de mayor precariedad y una mayor representación en el trabajo informal (en 2016 esta era del 54.3%, frente al 52.3% en el caso de los hombres), están más expuestas al riesgo de desempleo.

En este sentido, es probable que los hijos de las familias más pobres se vean obligados a entrar en el mercado de trabajo, lo que incrementaría las tasas de trabajo infantil (que corresponden al 7.3% de los niños de 5 a 17 años, unos 10.5 millones de niños). En el caso de las niñas y las adolescentes se debe agregar el posible aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Medidas emergentes y reforzamiento de las medidas existentes de protección social

Protección social para trabajadores formales. En la mayoría de los países, los servicios no esenciales han sido paralizados para asegurar el distanciamiento social. Aunque los trabajadores formales que trabajan en sectores esenciales aún reciben sus ingresos, muchos trabajadores formales ya no reciben ingresos o los reciben de manera parcial. Esta situación incluye a asalariados y a dueños de micro, pequeñas y medianas empresas.

La protección de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores formales incluye políticas muy diversas, como el aseguramiento de los ingresos ante las ausencias laborales, las licencias pagadas por enfermedad, la activación de medidas relacionadas con el seguro de desempleo, las prohibiciones de despido y las ausencias laborales optativas.

En 11 países, se han implementado medidas de reducción de la jornada laboral, que contribuyen a disminuir la exposición en el lugar de trabajo y a preservar el empleo en las empresas afectadas.

Otros apoyos a las personas y las familias. Los países han adoptado otras medidas que atenúan y reducen el gasto de las personas y las familias. Al 24 de abril de 2020, 22 países han anunciado 45 medidas adicionales, de las cuales el 60% son facilidades de pago de créditos e hipotecas, el 22% son alivios tributarios y el 18% corresponden a controles de precios.

Un ingreso básico para satisfacer necesidades y sostener el consumo. Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los Gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.

El desafío es fortalecer el Estado de bienestar para evitar otra década perdida. Desde 2014, antes de la pandemia, la región vivía un proceso de deterioro de la situación social en términos de pobreza y pobreza extrema, y un menor ritmo de reducción de la desigualdad. Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.

Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo, necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, con otras de mediano y largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social.

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