Desafortunada decisión en las Comisiones Unidas del Senado en materia de subcontratación

  • Elias Micha

Te recomendamos leerlo porque analiza los efectos negativos que produciría una iniciativa restrictiva de la subcontratación, como la aprobada en Comisiones Unidas del Senado recientemente, la cual contraviene el anexo 23-A del T-MEC, aplica sanciones en una ley de manera retroactiva (violando garantías constitucionales) e ignora el principio de especialidad de la ley.

Un dato: En los sectores económicos que recurren intensivamente al outsourcing y a la tercerización, se ha incrementado considerablemente la productividad, formalidad laboral y acceso a servicios de salud. Del 2004 al 2014 se redujo la informalidad de 33 a 22% en dichos sectores.

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El pasado martes, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen de una iniciativa que prohíbe prácticamente cualquier tipo de subcontratación. De acuerdo con los estudios de TallentiaMX, esto conlleva afectaciones a la economía nacional, infringe daños irreparables al futuro del trabajo, obra contra la seguridad social y, por desgracia, vulnera especialmente a los trabajadores mexicanos.

La iniciativa mencionada no está sentada sobre el diagnóstico razonado ni sobre el análisis fundamentado de las condiciones del trabajo en el país, sino en la falsa premisa de consideraciones y simulaciones políticas. Las malas prácticas laborales que teóricamente se pretenden atacar (entre las que destaca el subregistro de los trabajadores y la elusión fiscal) no son exclusivas de la subcontratación, sino que están ampliamente difundidas en los modelos de contratación ordinaria.

Tanto Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo, como Alejandro Salafranca, encargado de la Unidad de Trabajo Digno, han señalado recientemente que la actual indefensión de la clase trabajadora, la falta de seguridad social y la precarización no son producto de omisiones de la normatividad vigente sino resultado de la incapacidad y la negligencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En consecuencia, el Ejecutivo federal ha expresado que está instrumentando un sistema de vigilancia efectivo, que sirva para poner en práctica lo que la regulación ya contempla.

Contradictoriamente, el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas tiene como supuesta finalidad acabar con el outsourcing ilegal. Incluso para quienes no son especialistas, salta a la vista que la existencia misma de la subcontratación ilegal está sujeta a la definición y los límites que actualmente la Ley Federal del Trabajo le impone a dicho régimen, en particular su artículo 15-B. No puede hablarse de una práctica ilegal sin un marco legal que establezca qué está permitido y qué no. El problema de los abusos laborales no depende de la normatividad sino de aplicar aquello que ya está consignado las disposiciones.

La subcontratación responsable ha dado pruebas de beneficiar a la sociedad y de proteger los intereses de todos los mexicanos. Actualmente, más de 8 millones de mexicanos laboran bajo algún esquema de subcontratación y más de 40 millones de connacionales dependen indirectamente de ella. En los sectores económicos que recurren intensivamente al outsourcing y a la tercerización, se ha incrementado considerablemente la productividad, formalidad laboral y acceso a servicios de salud. Del 2004 al 2014 se redujo la informalidad de 33 a 22% en dichos sectores. Al tratarse de actividades especializadas, se optimizan los salarios y se fortalece una red económica más flexible, competitiva y globalizada. En consecuencia, terminar ciega y precipitadamente con la subcontratación equivale a promover en gran escala el desempleo, la informalidad, la ilegalidad y la precarización.

Cualquier cambio a la Ley Federal del Trabajo cancelaría las ya de por sí remotas posibilidades de aprobación del T-MEC, que constituye el andamiaje de la economía mexicana y que multiplicaría sustantivamente los intercambios comerciales entre México y sus vecinos del norte. Cabe recordar que las inquietudes de EU en materia laboral ya se discutieron con nuestro país y fueron el eje para la elaboración de la reforma laboral del 1 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de promover la confirmación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, se comprometió por escrito con parlamentaristas estadounidenses a hacer cumplir sin modificaciones dicha reforma.

El proceso legislativo de la iniciativa ha sido tan desafortunado y lamentable como su contenido. En vez de tomar en cuenta a todos los agentes productivos (autoridades, empleadores y trabajadores) y de seguir con ello los compromisos que nuestro país hizo con la Organización Internacional del Trabajo y con su reciente Declaración del Centenario, las Comisiones Unidas sesionaron de manera deliberadamente apresurada y unilateral.

Además, a la iniciativa deben oponérsele algunos reparos legales: contraviene el anexo 23-A del T-MEC, aplica sanciones en una ley de manera retroactiva (y viola con ello el Artículo 14 de la Constitución) e ignora el principio de especialidad de la ley.

En síntesis, la iniciativa pone en riesgo el T-MEC, tiene una visión retrógrada y poco realista del panorama del trabajo y trae consigo graves afectaciones a los trabajadores y a los derechos que debería defender.

Fuente: Dr. Elías Micha / El Economista

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