Un llamado al diálogo legislativo

La actual administración ha concentrado esfuerzos en mejorar las condiciones laborales de nuestro país. Diversas acciones lo demuestran: la Reforma Laboral de gran calado de 2019, los significativos aumentos al salario mínimo, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto del T-MEC, así como la reforma de pensiones.

Sin embargo, en materia de subcontratación de personal, la iniciativa que ha sido enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados atenta gravemente contra el empleo y la economía debido a que no está dirigida únicamente contra quienes cometen malas prácticas laborales, sino que también pone en entredicho millones de empleos formales. Es un craso error.

De entrada, se cerraría el paso a los comportamientos ilegales (dentro y fuera de la tercerización) si las autoridades fortalecieran la fiscalización. Para ello fue creado un grupo interinstitucional del que forman parte la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el Seguro Social, el INFONAVIT y la Procuraduría Fiscal.

El problema de suprimir de un plumazo toda la subcontratación de personal es que actualmente laboran por medio de este esquema alrededor de 7 millones de personas. Así, descontando la prestación de servicios especializados, alrededor de 5 millones de empleos formales peligrarían, sobre todo en un contexto como el de la pandemia, donde mucha gente ha perdido su fuente de ingresos y las empresas necesitan el apoyo de la tercerización responsable y profesional (que muchas veces ofrece créditos) para poder realizar contrataciones legales.

La iniciativa actual propone que las empresas que quieran ofrecer servicios especializados deberán obtener una certificación por parte de las autoridades sin la cual no podrán operar. ¿Por qué no hacer lo mismo con la subcontratación? ¿No sería positivo crear un padrón nacional de empresa de outsourcing debidamente vigilado por la Secretaría de Trabajo, que garantice la legalidad para que la tercerización pueda operar de manera transparente y en condiciones de igualdad?

Además, prácticas como la evasión fiscal, el subregistro de trabajadores ante el Seguro Social y la facturación falsa no son exclusivas del outsourcing, sino que se presentan, y con mayor frecuencia, en la contratación ordinaria. ¿Por qué atentar contra un esquema laboral que, como todos, es perfectible, pero cuyos errores pueden solucionarse fácilmente?

En este boletín, TallentiaMX hace un llamado para que los legisladores analicen con detenimiento el caso de la subcontratación y tomen una decisión que considere la opinión de expertos, del sector privado y de los trabajadores. Sostenemos que no es necesario prohibir el outsourcing, sino que bastaría realizar los ajustes mencionados para acabar con los comportamientos laborales y fiscales ilícitos. Terminar con la subcontratación equivaldría a atentar en contra de los intereses de los trabajadores a los que teóricamente se busca defender.

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