Subcontratación se definirá en este periodo legislativo

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, declaró que en los próximos días se llegará a un acuerdo con respecto a la iniciativa que, supuestamente, pretende regular el outsourcing. Mediante esta afirmación es posible deducir, por un lado, que la discusión en el Congreso de la Unión no habrá de diferirse al próximo periodo legislativo; por otra, esto significa que tanto los diputados como los senadores trabajarán sobre la propuesta que en esta materia diseñó el Ejecutivo Federal.

En noviembre del año pasado, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una iniciativa por medio de la cual se prohibiría la subcontratación de personal y se regularían tanto la prestación de servicios como las agencias de colocación. Fueron muchas las voces —como la de TallentiaMX— que se alzaron en contra de dicha propuesta y que explicaron los innecesarios riesgos de eliminar y criminalizar el outsourcing.

En consecuencia, el Gobierno y algunos líderes empresariales han estado haciendo negociaciones para llegar a un acuerdo en materia de tercerización. Sin embargo, hubo muchos miembros del sector privado que se manifestaron abiertamente en contra de estos diálogos debido a que, en lugar de regularse la subcontratación para erradicar las malas prácticas, se insistía en acabar por completo con ella. Desde entonces, las pláticas en torno a la tercerización han venido transcurriendo de manera silenciosa.

Para que la actual iniciativa sea discutida en el Poder Legislativo, es necesario que se llegue a consensos, sobre todo, en tres grandes rubros. El primero de ellos es la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas, cuya regulación, sin estar directamente vinculada con el outsourcing, se ha discutido en el marco de la iniciativa de subcontratación.

Otro de los puntos que está siendo ampliamente estudiado y debatido es el de la definición legal de intermediarios, servicios especializados y empresas de subcontratación. Todo parece indicar que la Secretaría del Trabajo pretende permitir los servicios especializados vinculados al uso de nuevas tecnologías. No obstante, como bien señala la abogada María de los Ángeles Fromow, para muchas empresas con una razón social y un negocio principal bien acotados, existe una amplia gama de servicios de toda índole que bien podrían pasar como servicios especializados (contabilidad, atención jurídica, logística y seguridad, por citar sólo algunos ejemplos). Las autoridades no pueden discriminar arbitrariamente al respecto y, por lo tanto, aún no se ha resuelto este tema.

Por último, se está debatiendo con amplitud cuál será el plazo de aplicación para la iniciativa referida. En caso de que la prohibición de la subcontratación se haga efectiva este mismo año, muchísimas empresas e, incluso, numerosas dependencias públicas se verán en serios aprietos, ya que gran parte de los planes de trabajo y de los proyectos de presupuesto son anuales.

En TallentiaMX seguimos sosteniendo que son equivocadas y nocivas para el país las bases sobre las cuales se están desarrollando las negociaciones actuales en materia de subcontratación. Como lo hemos venido afirmando desde un inicio, terminar con el outsourcing tendría serias repercusiones económicas y laborales, destruyendo empresas, acabando con millones de empleos y afectando transversalmente las actividades productivas de México.

Por desgracia, el mensaje de la Secretaría del Trabajo indica que se continuará por un camino retrógrada y criminalizador, sin tomar en cuenta que, además, la pandemia ha generado un panorama terriblemente adverso para el país, en el que cayó el Producto Interno Bruto (PIB), se derrumbó el empleo formal, aumentó la pobreza, cerraron miles de negocios y, además, en el que las actividades económicas no pueden restablecerse del todo.

Las autoridades todavía están a tiempo de recapacitar y de poner en marcha un sistema de supervisión efectivo sobre las empresas de tercerización, de tal suerte que sea posible desarrollar el outsourcing legal, profesional y transparentemente, garantizando los derechos de los trabajadores y contribuyendo a salir de la crisis en la que estamos inmersos.

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