Se perfila error legislativo, prohibición de subcontratación

Desde su evento de lanzamiento, TallentiaMX ha luchado por promover el outsourcing responsable y profesional, es decir, aquel que se lleva a cabo dentro del marco legal, cumpliendo con sus deberes fiscales y laborales. Lamentablemente, a pesar de las conversaciones en la mesa de diálogo que se llevó a cabo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo parece indicar que la iniciativa que prohíbe la subcontratación de personal será aprobada por la Cámara de Diputados, con los consecuentes efectos negativos que ello supone para México.

Desafortunadamente, a la iniciativa que impulsó el Ejecutivo Federal en materia de outsourcing aparentemente solo se le harán pequeñas modificaciones que no alterarán el núcleo de la propuesta: terminar con la subcontratación, permitiendo solamente la prestación de servicios especializados y las agencias de colocación. Esto significa que las empresas no podrán subcontratar personal para actividades que formen parte de su objeto social, aun cuando la empresa de outsourcing cumpla plenamente con sus responsabilidades laborales y fiscales.

De esta manera, México se convertiría en uno de los pocos países del mundo en que el outsourcing está prohibido. Por ello, se desincentivará la inversión y sufrirán graves consecuencias todos los sectores económicos, sobre todo los que forman parte de cadenas productivas internacionales en las que se utiliza intensivamente la tercerización como un vehículo para contratar de manera legal personal capacitado.

Sin duda alguna, los más afectados serán los trabajadores, ya que, según estimaciones de TallentiaMX, en nuestro país hay alrededor de 5 millones de trabajadores tercerizados, repartidos en empresas de todos los tamaños y en todas las actividades económicas (manufactura, comercio, servicios, entre otras). Muchas de estas personas o bien perderán su empleo o lo seguirán realizando en la informalidad, esto es, sin seguridad social y precarizadas.

No está de más recordar que la tercerización combate la precarización (puesto que ofrece empleos formales con pagos promedio de 4.3 salarios mínimos generales diarios al año), aumenta la productividad, reduce la informalidad laboral (en los subsectores de alta subcontratación, la informalidad ha caído del 33% al 22%) y ofrece una fuente de ingresos a sectores vulnerables, es decir, a las mujeres, a las madres solteras, a los jóvenes y a las personas con capacidades diferentes.

Otra de las grandes incógnitas es qué sucedería con los trabajadores del gobierno que son subcontratados (alrededor de 500 mil), sobre todo, ahora, cuando ya fue aprobado un Presupuesto de Egresos de la Federación que no contempla integrarlos a la estructura del sector público, dejándolos sin empleo y comprometiendo a los servicios públicos.

Complementariamente, pese a que se podrían aumentar los plazos de cumplimiento de los cambios normativos, el tiempo para hacer una modificación laboral tan profunda como la prohibición de la subcontratación seguiría siendo insuficiente, para terminar con un modelo que abraza a alrededor de un tercio del empleo registrado ante el Seguro Social.

Todo esto se da, además, en el contexto de la crisis económica y laboral causada por el coronavirus, la cual, debido al desempleo y contracción del PIB, pone al país en una situación sin precedentes, en un abismo del cual no sabemos si será posible salir.

Por desgracia, todo parece indicar que la prohibición de la subcontratación avanza. Sin embargo, el Poder Legislativo todavía puede rectificar y, de ese modo, conseguir erradicar las malas prácticas laborales y fiscales de algunas empresas de tercerización sin acabar con un esquema cuyos beneficios son innegables y están difundidos globalmente.

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