Outsourcing, indispensable en el siglo XXI

Introducción

El 12 de noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que eliminaría la subcontratación mediante la ya renombrada “Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del INFONAVIT, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontratación”.

Ante la alta probabilidad de una prohibición, TallentiaMX ha decidido dedicar esta edición de su boletín semanal a explicar qué propone la iniciativa en materia de outsourcing, a quiénes afectaría, por qué resulta innecesaria su prohibición y qué puede hacerse para acabar con las malas prácticas laborales.

Antecedentes: ¿qué es la subcontratación y qué beneficios ofrece?

La subcontratación, outsourcing o tercerización es un esquema laboral mediante el cual una empresa contrata a otra organización para realizar una tarea con el objetivo de reducir costos o de superar obstáculos en la realización de las actividades productivas.

El economista y ganador del Premio Nobel británico Ronald Coase fue uno de los primeros en utilizar el término outsourcing, quien, en su libro de 1937 La naturaleza de la empresa, referente universal para todos los economistas, al momento de explorar y describir los costos en las empresas, caracterizó al outsourcing como un elemento necesario en la organización de los negocios, sobre todo, en un contexto global.

La principal ventaja que ofrece la subcontratación es que permite que las empresas se concentren en sus actividades principales, aquellas para las cuales están verdaderamente preparadas, y deleguen aquellas otras que no pueden realizar por falta de infraestructura o conocimientos.

Marco legal de la subcontratación

Desde la perspectiva laboral, el outsourcing está reconocido y regulado en nuestro país desde el 30 de noviembre de 2012, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”.

Definir la subcontratación y legislar sobre ella siempre fue difícil, ya que, entre otros problemas, se trata de un modelo laboral que vuelve más complejas las relaciones de trabajo y, al añadir actores, pone en entredicho algunos de los conceptos jurídicos más arraigados en el derecho laboral de nuestro país. Los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo constituyen el marco normativo laboral de la subcontratación. En ellos se establece, a grandes rasgos, que la subcontratación existe, que debe constar por escrito y que este modelo no debe ni puede servir para evitar el cumplimiento de obligaciones patronales.

También desde el ámbito fiscal se contempla la subcontratación, la cual está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), algunos criterios jurisprudenciales y, sobre todo, la Reforma Fiscal de 2017, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2016.

¿En qué consiste la actual iniciativa?

La iniciativa en materia de subcontratación que propuso en noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador contiene, a grandes rasgos, tres puntos:

  1. Eliminar la subcontratación de personal.
  2. Regular la prestación de servicios especializados.
  3. Regular las agencias de colocación.

Además, en caso de aprobarse la iniciativa, tanto las agencias de colocación como las empresas que se dedican a la prestación de servicios especializados tendrían que estar presentando informes a distintas dependencias federales para obtener permisos y acreditar la legalidad de sus operaciones. Por otra parte, dado que la subcontratación quedaría prohibida, ya no tendrían efectos fiscales de deducción o acreditamiento los gastos de tercerización.

De acuerdo con el Ejecutivo Federal, mediante esta propuesta se busca contrarrestar los abusos en los que algunas empresas han incurrido: el subregistro de los trabajadores ante el Seguro Social (que afecta negativamente las pensiones, los fondos de vivienda, entre otros derechos laborales) y afectaciones a la Hacienda Pública (evasión de impuestos y de cuotas patronales).

¿Por qué es innecesaria su eliminación?

Las autoridades han señalado que dentro de la subcontratación se llevan a cabo de manera regular prácticas ilegales, las cuales dañan a los trabajadores y a la Hacienda Pública. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, la subcontratación ha servido para la elusión fiscal mediante esquemas como la facturación falsa, al tiempo que ha dañado los derechos de los trabajadores al eludir o disminuir el pago de sus aportaciones al Seguro Social y al INFONAVIT.

Sin embargo, es importante señalar, de entrada, que ninguno de estos comportamientos está permitido por la normatividad vigente; en otras palabras: estas prácticas ya son ilegales y no forman parte de la subcontratación responsable. Además, lamentablemente, estas prácticas abusivas se presentan, y con más frecuencia, en la contratación ordinaria: hay empresas que simulan ofrecer servicios de toda índole con el objeto de deducir impuestos; también hay otros esquemas, como la creación de falsos sindicatos, mediante los cuales las empresas incumplen sus obligaciones patronales.

Para ponerle fin a estas prácticas, sería necesario que las autoridades mejoraran efectivamente sus habilidades de supervisión y que, en este sentido, sancionaran a quienes incumplen la ley. Para ello, el 1 de diciembre de 2018 se creó un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, el INFONAVIT, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este grupo podría servir para vigilar tanto a las empresas de tercerización como a las unidades económicas en general.

En numerosas ocasiones, distintos sectores de la sociedad civil han sugerido la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación encargado de garantizar que las empresas del sector estén operando de manera legal y transparente. Esta propuesta formó parte del acuerdo al que se llegó en marzo de 2020 en las mesas de alto nivel que organizó la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

¿Cuáles son los riesgos de eliminar el outsourcing?

El outsourcing es un esquema laboral indispensable en el siglo XXI. Ante una economía cada vez más especializada, compleja e interconectada, las empresas necesitan delegar tareas. Por ello, terminar con la subcontratación provocaría que nuestro país se privara de un modelo laboral y económico usado en todo el mundo, en lugar de utilizarlo responsablemente. En consecuencia, la economía de México caería, la inversión se alejaría, nos separaríamos a mediano plazo de cadenas productivas de las que somos parte, nos desviaríamos de la dirección trazada por América del Norte en el T-MEC y sería más difícil que utilizáramos nuevas tecnologías y sistemas como el trabajo a distancia o el empleo a tiempo parcial.

A nivel laboral, pondríamos en riesgo alrededor de cinco millones de empleos formales, los cuales, según datos del propio Seguro Social, están mejor remunerados que el promedio de salarios registrados ante el IMSS y que constituyen una fuente de ingresos para sectores vulnerables de la población como son las mujeres, las madres solteras, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes.

¿Cuál es el estado de la iniciativa de tercerización?

En los últimos dos años, ha habido distintos esfuerzos por cambiar el marco regulatorio de la tercerización. De hecho, el tema del outsourcing ha protagonizado distintos debates públicos tanto en el Poder Legislativo y en Palacio Nacional como en diversos medios de comunicación y redes sociales. Entre 2019 y 2020 hubo cuatro parlamentos abiertos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión para llegar a una resolución al respecto.

Ante la iniciativa del 12 de noviembre de 2020, fueron muchas las voces que se alzaron en contra de la eliminación de la subcontratación de personal que había sido propuesta en la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Por ello, las autoridades establecieron mesas de diálogo con algunos representantes del sector privado y de grupos de trabajadores en las que se está negociando cómo habrá de quedar la regulación del outsourcing. Se está intentando llegar a un consenso en dos temas fundamentales: la vacatio legis (el tiempo de aplicación de la ley) y el reparto de utilidades, que, aun sin estar directamente vinculado con la tercerización, se está discutiendo en este marco.

Lo más probable es que en este Periodo Legislativo se apruebe la iniciativa prohibicionista. Sin embargo, por los motivos expuestos en este texto, TallentiaMX hace un llamado para que el Ejecutivo Federal, el sector privado, los trabajadores y los legisladores unamos esfuerzos, es decir, acabemos con cualquier práctica que perjudique la recaudación fiscal y que dañe los derechos de los trabajadores, sin eliminar un esquema indispensable en el siglo XXI.

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