México es hostil con los inversionistas

La inversión es uno de los grandes motores del desarrollo. Se necesita dinero para poner en marcha la economía. Cuando los capitales finalmente se deciden a emprender un negocio o un proyecto, se generan empleos formales y se lleva a cabo una actividad que, en caso de marchar favorablemente, resultará productiva. En consecuencia, todos los países del mundo compiten por atraer la inversión. Ahora que necesitamos remontar la crisis económica y salir adelante, debemos preguntarnos si México es un buen lugar para invertir, pues de esto depende nuestro futuro.

En 2020, México dejó de pertenecer a los 25 países que forman parte del Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa, elaborado por la consultora A.T. Kearney. Además, de enero a septiembre del año pasado, la inversión extranjera directa cayó 9.9% en comparación con el mismo periodo del 2019. Las cosas marchan notoriamente mal.

La principal causa de esto es la incertidumbre. Los inversionistas no pueden confiar en un país con condiciones demasiado inestables y con políticas impredecibles, pues esto supone un riesgo altísimo para sus capitales. Sin duda, hay un enfrentamiento discursivo entre la actual administración y algunos sectores empresariales, pero han sido las políticas públicas concretas —más que la discusión y el debate— las que verdaderamente han alejado la inversión.

Los dos primeros hechos relevantes fueron la cancelación retroactiva por motivos políticos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la planta cervecera Constellation Brands. En ambos casos, se decidió mediante —cuestionables— consultas ciudadanas terminar con los proyectos pese a que habían sido aprobados y estaban desarrollándose. Esto sentó un mal precedente.

Por su parte, desde 2018, el Gobierno Federal ha buscado centralizar la producción de energía en las paraestatales petrolera y eléctrica, es decir, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluso cuando, comparativamente hablando, ambas producen energía cara y sucia.

Sin embargo, fue hasta el pasado 1 de febrero que se envió como preferente al Poder Legislativo una iniciativa que da prioridad a las plantas de la CFE para que suban su producción a la red, por encima de otras empresas. Actualmente, según la política dictada por la Reforma Energética de la administración anterior, son los centros más eficientes los que pueden subir primero su producción a la red de distribución. Esto favorece a empresas de energías renovables y a compañías que generan energía a un costo bajo, muchas de las cuales ya están buscando salir del país.

Se anticipa que la iniciativa señalada generará numerosas controversias legales, incluyendo desacuerdos en el marco del T-MEC. La Cámara de Comercio de Estados Unidos hizo un llamado a las autoridades mexicanas a dar marcha atrás en esta propuesta y a encontrar otras soluciones para el sector energético.

No obstante, las consecuencias de lo anterior no sólo son económicas y políticas. Sin la colaboración del sector privado, nuestro país está prácticamente cancelando la posibilidad de fortalecer la generación de energías renovables, lo cual constituye un verdadero suicidio ecológico.

En este contexto, también debe señalarse la iniciativa que busca prohibir la subcontratación de personal, ya que obliga a que los inversionistas se marchen a otros países. Muchos negocios recurren al outsourcing, pues sólo así pueden administrar de manera legal y eficiente su nómina. La falta de certidumbre jurídica y la posibilidad de ser criminalizadas hace que muchas empresas estén pensando seriamente en marcharse de México, destruyendo millones de empleos y generando una contracción en la economía aún mayor.

Pero la incertidumbre no es el único problema al que se enfrentan los inversionistas. Todo el marco jurídico mexicano se está haciendo hostil con las empresas. Están promoviéndose leyes regresivas que debilitan a los negocios. A esto, debe sumársele una política fiscal cada vez más agresiva, que, en algunos casos, vulnera principios del derecho (como la presunción de inocencia) y criminaliza de antemano las actividades productivas. Parece que la consigna gubernamental es alejar la inversión por todos los medios posibles.

Además, por fortuna y por desgracia, la economía funciona mediante círculos virtuosos o viciosos. Si se aleja a los capitales, el desgaste económico y social hace que sea más difícil reunir las condiciones necesarias para volver a llamar la atención de los inversionistas. Por este motivo, dedicamos este número de nuestro boletín a analizar el problema de la inversión y a hacer un llamado para que se deje de atacarla. Sin ella, es imposible aprovechar al máximo y con responsabilidad el talento humano.

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