La doble amenaza contra la subcontratación: lentitud del proceso legislativo y una agenda que ataca al empleo

Conforme crece el número de contagiados de COVID-19, mientras el virus alcanza inexorablemente todas las latitudes, escala también la preocupación de los efectos económicos y laborales que con seguridad acarreará esta pandemia. Gerardina González Marroquín, directora de la oficina de la OIT para México y Cuba, ante la emergencia, explicó que nuestro país es más vulnerable que otros debido a que su estructura laboral está determinada por la informalidad y por la altísima presencia de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Ninguno de estos dos sectores puede suspender sus actividades.

El debate público se ha polarizado. Algunos creen que el Gobierno Federal mexicano está obligado a decretar el cierre de todos los negocios y a forzar el distanciamiento social para evitar la propagación de la enfermedad. Descubrimos que no les falta razón al observar la magnitud de los daños en países europeos con amplia cobertura de seguridad social y sistemas de salud mucho más equipados que el nacional. España, por ejemplo, superó el 25 de marzo a China en el número de muertes, alcanzando 3.434 fallecidos. Italia es el caso más trágico. Allí, cerca de 7.000 personas han perdido la vida.

Sin embargo, también es cierto que la clase trabajadora y los grupos poblacionales más vulnerables de México —y de todo el mundo— ya están resintiendo las consecuencias de la disminución de las actividades económicas. Son pocos quienes pueden detener labores o hacer home office. Los pequeños restaurantes, los comerciantes, los negocios familiares, las tiendas, los transportistas, los agricultores, los puestos ambulantes no son capaces de darse el lujo de dejar de recibir ingresos. Por desgracia, pareciera que, en sus casos más extremos, la disyuntiva se abre entre la salud y el trabajo.

António Guterres, secretario general de la ONU, anunció un plan con un presupuesto de aproximadamente 2 mil millones de dólares para mitigar y combatir al virus, especialmente en aquellas regiones que ya atraviesan crisis humanitarias. A su vez, la OIT expresó a través de Gerardina González que México debe renovar su sistema de trabajo y tomar todas las medidas que sean necesarias para que se impulse la inversión, el crecimiento y la creación de empleos formales. TallentiaMX ha manifestado en reiteradas ocasiones, con evidencia académica, que la tercerización, cuando se desarrolla con legalidad, responsabilidad y profesionalidad, puede contribuir en la dirección señalada por la OIT. Lamentablemente, hoy padeceremos más que nunca vivir en un país con una estructura de empleos poco flexible y retrógrada.

 Al igual que con el coronavirus, la subcontratación es amenazada por dos frentes, incluso cuando este régimen laboral, según quedó consignado, puede ayudar a solucionar la doble crisis del COVID-19. Por un lado, la dilación del proceso legislativo ha provocado que los pequeños negocios, que los 8 millones de connacionales tercerizados y que las empresas no cuenten con las garantías jurídicas necesarias para operar con tranquilidad. En consecuencia, en vez de propiciar el empleo, se ha golpeado a la gente.

Por otra parte, aún a mitad del huracán —que es cuando más deberíamos cerrar filas para enfrentar la doble crisis del coronavirus— existe la posibilidad de que en el Senado se vuelva a dictaminar una iniciativa que fácticamente busca prohibir y criminalizar la subcontratación, lo cual derrumbaría a nuestra frágil economía, afectando como es natural a los sectores más vulnerables.

La doble crisis del coronavirus son los contagios y la pérdida de empleos. La doble amenaza de la subcontratación es una agenda política contra el empleo y la lentitud en el proceso legislativo. Conforme más crecen los enfermos y decrecen empleos, más se hace visible la urgencia de utilizar la subcontratación con eficiencia, asegurando la protección de aquellos que, de cara a la pandemia, día a día se descubren sin alternativas.

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