Inestabilidad para empresas, trabajadores y gobierno

Desde hace alrededor de dos años, se ha estado discutiendo acerca de un posible cambio en la legislación en torno al outsourcing. El 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo Federal presentó ante el Legislativo una iniciativa que pretende eliminar la subcontratación, aun aquella que actualmente opera de manera legal, responsable y profesional.

Todavía no se sabe a ciencia cierta qué sucederá con el outsourcing. Sin embargo, tanto la incertidumbre acerca del destino de la tercerización como la posibilidad de que prospere una reforma prohibicionista han significado un golpe terrible para las empresas, los trabajadores e incluso para aquellos sectores del Gobierno que recurren a la subcontratación, ya que se ha puesto en entredicho la certidumbre jurídica a largo plazo de un esquema ampliamente difundido en México y en el mundo.

Debe señalarse, de entrada, que cualquier cambio en el marco legal de la tercerización no solamente representa cambios fiscales y laborales, sino que supone un giro radical en los esquemas de trabajo en México y en los modelos operativos de las distintas actividades productivas. En consecuencia, así como hay empresas que han decidido esperar a ver qué sucede en el Congreso de la Unión, otras han empezado a anticipar y a intentar evitar el impacto que provocaría acabar con el outsourcing.

En este contexto, cabe señalar que, de acuerdo con Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete Sales Boyoli y presidente del Comité de Capital Humano del IMEF, algunos negocios se han visto forzados a comenzar a despedir personal, a reconfigurar sus organigramas de contratación y a aumentar el precio de los bienes o servicios que ofrecen.

Es claro que las afectaciones para las empresas dependen de su tamaño. Recordemos que, según datos del Censo Económico 2019 del INEGI, en los micronegocios trabaja el 9.5% del personal subcontratado o tercerizado, en las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo hace el 44.7% y en las grandes labora el 45.8%. Los negocios pequeños y medianos serán los más perjudicados.

Lo que sí es evidente es que la prohibición impactaría transversalmente a las actividades productivas, ya que el outsourcing se utiliza en todos los sectores económicos. En 2018, la distribución del personal subcontratado por sector era de la siguiente manera: servicios 34.8%, comercio 30.5%, industrias manufactureras 24.9% y otras actividades 9.8%.

En caso de que la prohibición prospere, también existe incertidumbre acerca de qué sucedería con la operación de aquellas áreas del sector público que actualmente recurren y necesitan de la subcontratación, sobre todo si la vacatio legis (el periodo de entrada en vigor de la reforma) no da tiempo a que los trabajadores que son tercerizados sean contratados directamente por el Gobierno.

En el sector público se tercerizan servicios de limpieza, asesorías y tareas financieras, trabajo médico, así como servicios técnicos y administrativos, entre muchas otras labores. Al respecto, debe señalarse que, según CompraNet, entre el 2019 y noviembre del 2020 en el Gobierno se han adjudicado 18,370 contratos por servicios profesionales y honorarios, cuyo importe ascienda a 2,163 millones de pesos. No está claro qué ajustes haría el sector público para seguir operando sin el apoyo que le brinda la tercerización.

Para los cerca de 5 millones de trabajadores subcontratados legalmente es más difícil buscar alternativas. Aunque hoy en día tengan un empleo formal, es posible que, en caso que se termine con la subcontratación, tengan que migrar a la informalidad o simplemente se queden sin empleo.

En esta edición de nuestro boletín semanal, analizamos los ajustes que algunas empresas han comenzado a hacer ante la incertidumbre y la propuesta prohibicionista en materia de subcontratación. Los despidos y los problemas productivos que se dan en este contexto son sólo un adelanto del terremoto contra empresas y trabajadores que supondría terminar con el outsourcing.

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