Ante la crisis sanitaria y económica, ¿por qué sigue detenida la discusión de la subcontratación?

Estamos en marzo de 2020 y México atraviesa un panorama sumamente adverso en términos de salud, económicos y laborales. Aunque todavía no alcanzamos a dimensionar plenamente sus efectos, la pandemia del coronavirus y la caída en los precios del petróleo son las dos coyunturas que han hecho que las bolsas de todo el mundo caigan, que disminuya la inversión y que muchas actividades económicas hayan quedado parcial o completamente suspendidas.

El peso mexicano es una de las monedas emergentes que más ha sufrido en este contexto: el precio del dólar rebasa los 21 pesos. No en balde Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, declaró que el coronavirus nos está conduciendo a un “territorio desconocido”. Arturo Herrera, secretario de hacienda y crédito público, afirmó que “al ser un tema global tenemos que prepararnos para tener un esquema de contingencia”. Debe tomarse en cuenta que en 2019 nuestro país padeció un severo estancamiento económico, que desafortunadamente todos los pronósticos de crecimiento internacionales y nacionales redujeron de forma sustantiva y que el año pasado ha sido el más bajo para México en creación de puestos de trabajo formal desde la crisis económica de 2008 y 2009.

Además del turismo, la incertidumbre afectará sobre todo a la industria manufacturera, pues se han visto comprometidas cadenas productivas de las que somos partícipes pero que dependen directamente de insumos provenientes de China y Europa. Por su parte, el desplome en los precios del petróleo pone en jaque uno de los pilares de la economía mexicana. Se prevé que se reduzca la calificación crediticia de Pemex y, por lo tanto, que empeore considerablemente la situación de las finanzas públicas.

De cara a un horizonte tan adverso, es fundamental que el Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la industria privada y la sociedad mexicana cierren filas y unan esfuerzos. Para TallentiaMX resulta de vital importancia señalar que ahora más que nunca debe encontrarse una salida pronta al proceso legislativo por medio del cual busca regularse la subcontratación laboral. No hacerlo incrementa la incertidumbre, la falta de certeza jurídica y la desconfianza, con lo cual se agravan los problemas anteriormente descritos.

El 3 de diciembre de 2019, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron un dictamen para regular la subcontratación. Sin embargo, en vista de que esta iniciativa criminalizaba en los hechos a la subcontratación y que tenía consideraciones penales retroactivas, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de dicha cámara decidió organizar un parlamento abierto y convocar a varias mesas de alto nivel para que los actores vinculados con la tercerización expresaran sus opiniones y llegaran a un acuerdo que permitiera acabar con las prácticas ilegales.

Cabe destacar que en estos eventos participaron las autoridades federales, es decir, los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Unidad de Trabajo Digno, del INFONAVIT, del IMSS, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Todos ellos expresaron su voluntad de respetar los consensos a los que se llegaran y manifestaron explícitamente cuál era, desde su perspectiva, la mejor manera de erradicar la evasión de responsabilidades laborales y fiscales. Además de ellos, en estos foros participaron más de una centena de líderes sindicalistas y de trabajadores, empresarios, legisladores, asociaciones, académicos, abogados y organizaciones patronales.

Pero ahora, cuando todo parecía haber quedado resuelto, el dictamen modificado ha sido detenido. Con ello se ignora un ejercicio legislativo plural, democrático y novedoso, en el que gracias a la JUCOPO fue posible articular esfuerzos y llegar a acuerdos. La propuesta de instrumentar un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación cerraba el camino a los comportamientos ilícitos y facilitaba el sendero de la transparencia y de la legalidad.

No debe echarse por la borda un ejercicio legislativo ejemplar. Hacerlo terminaría con la confianza de inversionistas y empresarios y pondría a la economía mexicana en una situación incluso más preocupante de la que en este momento vive. Los cerca de 8 millones de mexicanos que son subcontratados esperan con prontitud tener certezas laborales y ver sus derechos plenamente garantizados. Por ello, el contexto demanda la aprobación inmediata del dictamen al que se llegó en las mesas de alto nivel del Senado. Entre más rápidamente suceda esto, tendremos más elementos para salir adelante ante una crisis que mal manejada puede hundir a la frágil economía de México.

P.D. Ante una pandemia como el coronavirus, la subcontratación puede permitir la instrumentación de todos los servicios de emergencia que son necesarios para hacer frente a la crisis. Construir hospitales, ampliar temporalmente la planta de médicos, resolver rápidamente problemas momentáneos son acciones que muy pronto serán indispensables. Asegurar la legalidad de la subcontratación responsable y profesional contribuye a combatir este período de desestabilidad.

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