El Senado aprobó el 10 de septiembre una reforma que, de ser ratificada por los diputados y promulgada por el Ejecutivo, legalmente convertirá en integrantes del crimen organizado no solo a los defraudadores fiscales sino a quienes simplemente tienen una interpretación distinta de la ley o se equivocan en una declaración.

Las reformas se hicieron inicialmente para castigar con mayor severidad a quienes emitieran facturas falsas, pero la redacción cambió y el castigo se aplicará a cualquier presunta defraudación fiscal por arriba de 7.5 millones de pesos. Si consideramos que las leyes tributarias son tan complejas que llevan a frecuentes diferencias de interpretación que deben dirimirse en tribunales, los contribuyentes cumplidos tienen buenas razones para estar preocupados.

Privar a los contribuyentes registrados de sus garantías individuales es injusto y contraproducente. Las leyes fiscales deben ser más sencillas y generales, para lo cual hay que descartar los tratos especiales que las complican. El mejor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones son las reglas claras y justas. Si realmente se quiere elevar la recaudación, hay que combatir la economía informal en vez de encarcelar y despojar a los contribuyentes registrados.

Quienes defrauden al fisco deben ser sancionados, pero sin violar sus garantías individuales o la presunción de inocencia. Castigar a un contribuyente con prisión preventiva oficiosa, congelamiento de cuentas y confiscación de bienes antes de ser siquiera juzgado por una presunta falta es inaceptable en un país de leyes.

Fuente: Reforma

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